El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero enfrenta una nueva presión judicial tras la ratificación ante el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, del empresario Julio Martínez, quien afirmó que fue Zapatero quien intercedió personalmente para lograr el préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la crisis de la pandemia. El hecho ocurrió en Madrid el 21/07/2026, y su impacto inmediato fue la reactivación del debate sobre la legalidad del rescate estatal.
La defensa oficial se mantiene firme
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, reafirmó este martes la presunción de inocencia de Zapatero, aunque evitó comentar las estrategias defensivas de otros imputados. «Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero», declaró Saiz en rueda de prensa en Moncloa. Su mensaje fue contundente: «Afirmo con total rotundidad que no hay ninguna duda de que la actuación del Gobierno en el expediente del préstamo a Plus Ultra fue correcta».
Voces institucionales divididas
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se desmarcó públicamente de la defensa incondicional de Zapatero, según fuentes cercanas a la Moncloa. Su silencio en la comparecencia contrastó con la postura del sector socialista del Ejecutivo, que mantiene una línea de apoyo institucional ininterrumpida desde el inicio de la causa.
Antecedentes y contexto
El caso Plus Ultra se enmarca en una serie de expedientes de rescates públicos durante la emergencia sanitaria de 2020–2021. La aerolínea recibió el préstamo a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con aval del Ministerio de Transportes. El expediente fue revisado por un juzgado de Madrid, autorizado por la Comisión Europea bajo el régimen de ayudas estatales temporales y fiscalizado posteriormente por el Tribunal de Cuentas.
No obstante, el caso adquirió complejidad tras la imputación de varios empresarios y ex altos cargos. El precedente más citado internamente es el del juicio por las mascarillas, donde Víctor de Aldama evitó la prisión mientras el ex ministro José Luis Ábalos fue condenado a 24 años. Esa disparidad sentó un precedente que, según fuentes del PSOE, está influyendo en las estrategias defensivas actuales.
Cronología clave
- Marzo 2021: Plus Ultra solicita el préstamo de 53 millones de euros a través de SEPI.
- Junio 2021: La Comisión Europea autoriza la ayuda estatal.
- Enero 2023: El juez Calama abre investigación por presunta influencia indebida.
- Julio 2026: Julio Martínez ratifica su declaración ante el juez, señalando a Zapatero como intercesor.
Marco legal y riesgos procesales
El artículo 429 del Código Penal castiga la prevaricación con penas de hasta 6 años de prisión, mientras que el uso indebido de influencias (art. 430) puede acarrear hasta 3 años. Según el abogado penalista Carlos Márquez, especialista en responsabilidad institucional, «la clave no está en la intercesión en sí, sino en si existió presión, coacción o beneficio particular. La mera gestión de contactos no es delito, pero sí lo es si se altera el procedimiento administrativo con finalidad fraudulenta».
La Fiscalía Anticorrupción mantiene la investigación abierta y ha solicitado al juez Calama la ampliación de la imputación a otros funcionarios de SEPI y del Ministerio de Transportes. Fuentes del Tribunal de Cuentas confirman que su informe final, previsto para septiembre de 2026, incluirá una evaluación detallada de la idoneidad del aval y la transparencia del proceso de selección.
El caso Plus Ultra no solo pone en juego la reputación de Zapatero, sino también la credibilidad del sistema de rescates públicos diseñado durante la pandemia. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el expediente fue «tramitado y avalado» por servicios técnicos independientes, con asesoramiento externo financiero y jurídico. Pero el testimonio de Julio Martínez, en un contexto de creciente escrutinio judicial y mediático, ha convertido este martes en un punto de inflexión irreversible.
