En pleno escrutinio judicial del rescate público a la aerolínea Plus Ultra, han emergido confesiones que vinculan directamente al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con el cobro de comisiones por gestiones relacionadas con la intervención de la SEPI. El caso, investigado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha derivado en una cascada de declaraciones que desnudan una estructura de intermediación financiera entre altos cargos y empresarios.
La confesión del presidente de Plus Ultra
En un escrito presentado ante el juez, Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, reconoció haber ofrecido ayuda al expresidente socialista para salvar la compañía. Según su versión, el pago se canalizó a través de las empresas de Julio Martínez Martínez, hombre de confianza de Zapatero, como una «medida desesperada» ante la inminente quiebra.
El documento, al que tuvo acceso La Vanguardia, detalla que Martínez Sola y su socio Roberto Roselli tomaron conciencia de que Martínez Martínez y Zapatero tenían «la pretensión de cobrar por las gestiones». La frase clave —»así que por [ahí] vendrá la mordida»— aparece citada textualmente en el escrito, atribuida a una conversación con el exaccionista Rodolfo Reyes, quien posteriormente vendió su participación tras un conflicto interno.
Voces de los implicados
- Julio Martínez Sola: «Nunca tuvimos constancia fehaciente de las actuaciones concretas llevadas a cabo por Martínez Martínez o Zapatero ante la SEPI, pero asumimos el pago como condición para acceder al rescate».
- José Luis Calama, juez instructor: En su auto del 18 de julio de 2026, el magistrado señaló que «los hechos descritos configuran indicios razonables de delito de tráfico de influencias y prevaricación».
- Federico de Montalvo, catedrático de Derecho Administrativo (UCM): «Contratar servicios de asesoría política para influir en decisiones de entidades públicas como la SEPI vulnera el principio de igualdad y el artículo 428 del Código Penal».
El rol de la SEPI y el marco legal del rescate
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobó en marzo de 2025 un rescate de 32 millones de euros para Plus Ultra, tras declarar la aerolínea una «situación crítica de solvencia». El acuerdo incluía la adquisición de un 49 % del capital social y la condición expresa de que la compañía reestructurara su deuda y presentara un plan de viabilidad avalado por el Ministerio de Transportes.
Sin embargo, según el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), publicado en junio de 2026, no se identificó ningún informe técnico que justificara la contratación externa de asesoría política ni la inclusión de cláusulas de exclusividad con empresas vinculadas a exaltos cargos.
Cronología clave
- Enero de 2025: Plus Ultra solicita apoyo financiero a la SEPI tras pérdidas acumuladas de 142 millones de euros en tres años.
- Marzo de 2025: La SEPI aprueba el rescate y firma el convenio con la aerolínea.
- Junio de 2025: Martínez Martínez factura 1,8 millones de euros a Plus Ultra por «servicios de estrategia institucional», según facturas registradas en el Registro Mercantil.
- Julio de 2026: El juez Calama abre la investigación formal tras denuncia de la Asociación de Consumidores y Usuarios (OCU).
Antecedentes y contexto
El caso Plus Ultra se inscribe en una línea de rescates controvertidos de compañías aéreas con apoyo estatal. Tras la crisis del sector tras la pandemia, el Gobierno aprobó en 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que destinó 450 millones de euros al transporte aéreo. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió en 2024 que el 73 % de los fondos asignados a aerolíneas no fueron auditados por criterios de transparencia ni eficiencia.
Este escenario facilitó la aparición de estructuras de intermediación como la descrita: una «finance boutique» —término usado por los propios implicados— que operaba entre exfuncionarios y empresas en dificultades. En 2023, ya se investigó una red similar vinculada al rescate de Air Nostrum, aunque sin imputaciones directas a exjefes de Gobierno.
El caso también reabre el debate sobre la Ley de Incompatibilidades y la aplicación del Real Decreto 232/2022, que regula las actividades postfuncionales de altos cargos. Según el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre 2022 y 2025 se registraron 121 solicitudes de autorización para actividades privadas de exministros y exjefes de Gobierno, pero solo el 14 % fueron sometidas a evaluación pública.
Reacciones institucionales y fiscales
El Ministerio de Hacienda ha anunciado una revisión urgente de los protocolos de contratación en entidades públicas. Su portavoz, Mónica Sánchez, declaró el 20 de julio: «Cualquier uso de fondos públicos para pagos no justificados será investigado con rigor».
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Calama la ampliación de la investigación para incluir a la SEPI y al Ministerio de Transportes, tras detectar «ausencia de registros de reuniones oficiales entre Zapatero y autoridades competentes».
La Asociación de Abogados de Empresas Públicas (AAEP) ha calificado los hechos como «un precedente peligroso para la integridad del sistema de contratación pública», y ha exigido la publicación íntegra de los contratos firmados por Plus Ultra con empresas vinculadas a exaltos cargos.
