Un documento remitido por Julio Martínez Martínez al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama revela que José Luis Rodríguez Zapatero, pese a no figurar formalmente en la sociedad, lideraba y controlaba la consultora Análisis Relevante durante el rescate público de Plus Ultra por 53 millones de euros en 2021. El escrito, fechado el 20 de julio de 2026 y obtenido por La Vanguardia, contradice públicamente las negativas del expresidente del Gobierno.
Martínez declaró ante la justicia que el contrato entre Plus Ultra y Análisis Relevante, firmado el 30 de julio de 2020, establecía honorarios de 5.000 euros mensuales más IVA, y que fue Zapatero quien identificó y captó el negocio. Según el empresario, el expresidente le anticipó una llamada de los máximos responsables de la aerolínea en mayo de 2020 —llamada que efectivamente se produjo el 16 de mayo de 2020.
El rol oculto de un expresidente
Martínez afirma que Rodríguez Zapatero no aparecía en el accionariado ni en los órganos sociales de Análisis Relevante, pero ejercía una dirección efectiva: «era quien lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes«. Esta estructura operativa permitió, según el documento, que el expresidente canalizara cuatro contratos clave entre 2020 y 2025, todos bajo modelos estandarizados de la consultora.
Voces institucionales
Fuentes jurídicas cercanas al caso señalaron a La Vanguardia la posibilidad de un «efecto Aldama«, aludiendo al precedente de otro caso de corrupción donde un colaborador reconoció hechos para obtener atenuantes penales. El juez Calama, especializado en delitos económicos y de corrupción, investiga si hubo influencia indebida en la decisión del Gobierno de aprobar el rescate de Plus Ultra.
La sombra del rescate aéreo
El rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros, aprobado en 2021 bajo el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, generó críticas por su opacidad y falta de licitación pública. La aerolínea, con sede en Madrid, había suspendido operaciones en 2020 tras la crisis del turismo por la pandemia. El Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos, autorizó la inyección de fondos públicos sin que se publicaran los criterios técnicos ni los informes de viabilidad.
Según el informe del Tribunal de Cuentas de 2023, el rescate no cumplió con los requisitos de «necesidad, proporcionalidad y transparencia» exigidos por la Ley General Presupuestaria. El organismo señaló que no se evaluó alternativa alguna de reestructuración privada ni se justificó por qué se eligió una solución de capitalización directa.
Cronología clave
- 16 de mayo de 2020: Llamada de directivos de Plus Ultra a Julio Martínez, tal como anticipó Zapatero.
- 30 de julio de 2020: Firma del contrato entre Plus Ultra y Análisis Relevante por 5.000 €/mes.
- 2021: Aprobación del rescate público de 53 millones de euros, sin licitación ni informe público de viabilidad.
- 2023: Tribunal de Cuentas emite informe crítico sobre la falta de transparencia.
- 20 de julio de 2026: Martínez remite su escrito al juez Calama, 24 horas antes de declarar.
Antecedentes y contexto
El caso se inscribe en una línea de investigaciones sobre la intersección entre poder político y consultoría privada tras la crisis de 2008 y la pandemia. Desde 2019, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto al menos siete causas relacionadas con contratos públicos gestionados por exaltos cargos a través de sociedades instrumentales. El caso Aldama, que derivó en condena por tráfico de influencias en 2024, sentó jurisprudencia sobre la responsabilidad penal de quienes, sin cargo formal, ejercen control efectivo sobre entidades contratistas.
Además, el Código Penal español, en su artículo 429, tipifica como delito la influencia indebida cuando «una persona ejerce presión sobre un funcionario público para que adopte una decisión en beneficio ajeno». La Fiscalía Anticorrupción ya ha solicitado al juez Calama la ampliación de la investigación para determinar si Zapatero actuó como intermediario no declarado.
Reacciones y consecuencias legales
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha emitido un comunicado en el que afirma que «no tiene conocimiento de los hechos descritos y confía en la independencia de la justicia». Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reiterado que «ningún cargo público puede ejercer influencia en la adjudicación de contratos públicos bajo ninguna forma, ni directa ni indirecta».
Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas ha abierto una nueva línea de auditoría sobre los contratos de consultoría firmados por empresas beneficiarias de ayudas estatales entre 2020 y 2023. Según sus primeros datos preliminares, al menos 17 contratos superiores a 100.000 euros presentan irregularidades similares: sociedades sin actividad previa, facturación concentrada y vínculos personales con exfuncionarios.
El caso no solo pone en entredicho la gestión del rescate de Plus Ultra, sino que reabre el debate sobre los mecanismos de control ético aplicables a los exjefes de Gobierno tras su salida del cargo. La Ley de Incompatibilidades de 2015 establece un periodo de dos años de incompatibilidad para asesorar a empresas con intereses ante la Administración, pero no regula la dirección informal de consultoras que actúan como intermediarias.
