El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, declaró públicamente el 20 de julio de 2026, durante un acto en Managua, que no se celebrarán más elecciones en el país. La declaración, pronunciada en el marco del 47.º aniversario de la revolución sandinista, no fue una advertencia ni una amenaza: fue una sentencia institucional. «¡Que se olviden! Aquí no volverá a haber elecciones», afirmó Ortega ante decenas de miles de simpatizantes. La frase, grabada y difundida por medios estatales y redes oficiales, marca el punto final de una transición autoritaria que se ha prolongado por casi dos décadas.
El anuncio se produjo a menos de un año de la fecha prevista para las próximas elecciones presidenciales, programadas para noviembre de 2027. Ortega, de 80 años, aseguró que los comicios anteriores fueron manipulados por «los yanquis» y «los somocistas», y que los partidos de oposición son, en su opinión, «golpistas» y «vendepatrias».
«El poder es cosa de dos»
Según el periodista Daniel R. Caruncho, corresponsal en Barcelona, el régimen nicaragüense ya opera bajo un modelo de poder compartido entre Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien ejerce como vicepresidenta y vocera oficial del gobierno. «En Nicaragua, el poder es cosa de dos», escribió Caruncho en su análisis publicado el 21 de julio de 2026. Murillo, también de formación sandinista, ha consolidado un rol central en la narrativa estatal, controlando la comunicación gubernamental y los discursos oficiales.
Represión sistemática desde 2018
La escalada autoritaria no comenzó en 2026. Su punto de inflexión fue abril de 2018, cuando estallaron protestas masivas contra una reforma al sistema de pensiones. Las manifestaciones se transformaron rápidamente en un movimiento de oposición amplio, con participación estudiantil, sindical y religiosa. Las fuerzas de seguridad, junto con grupos armados parapoliciales, respondieron con violencia extrema.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 300 personas murieron durante los meses siguientes. Otras 2.500 fueron detenidas, y al menos 100.000 nicaragüenses huyeron del país, según datos de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Cronología de la erosión democrática
- 2018: Represión de protestas; cierre de ONGs y medios independientes.
- 2021: Elecciones presidenciales sin oposición real; 7 líderes opositores encarcelados meses antes de los comicios.
- 2022: Aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, usada para deslegitimar a la sociedad civil.
- 2025: Reforma constitucional aprobada por un Parlamento controlado por el FSLN, que elimina límites a la reelección y amplía facultades ejecutivas.
- 2026: Anuncio definitivo del fin del ciclo electoral.
Antecedentes y contexto
Ortega retornó al poder en 2007, tras 16 años de oposición democrática tras la derrota electoral del Frente Sandinista en 1990. Su segundo gobierno —inicialmente presentado como moderado— fue consolidando controles sobre el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral. En 2014, una reforma constitucional eliminó la prohibición de la reelección presidencial indefinida.
La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió en 2021 un informe contundente: «Las elecciones de 2021 no cumplieron con los estándares mínimos de legitimidad ni transparencia». La Unión Europea y Estados Unidos respondieron con sanciones individuales contra Ortega, Murillo, y más de 200 funcionarios y empresas vinculadas al régimen.
Voces de la resistencia
«Esto no es una decisión política: es una sentencia de muerte para la democracia nicaragüense», declaró Violeta Granera, exsecretaria general del Partido Liberal Independiente, actualmente exiliada en Costa Rica. Granera fue detenida en 2021 y liberada bajo presión internacional en 2023.
Por su parte, el Obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien cumple una condena de 26 años tras ser condenado en un juicio sin garantías, afirmó desde prisión en 2025: «El régimen no teme a la oposición. Temen a la verdad, al voto, a la memoria».
Marco legal y respuestas internacionales
La reforma constitucional de 2025, aprobada por una Asamblea Nacional con mayoría del FSLN, introdujo el concepto de «gobierno de resistencia popular», que sustituye la figura del voto como mecanismo de legitimidad. Según el artículo 127 modificado, «la soberanía reside en el pueblo organizado bajo la dirección del Frente Sandinista».
La Corte Penal Internacional (CPI) abrió en 2024 una investigación preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Hasta la fecha, no se han emitido órdenes de arresto, pero sí se han recopilado testimonios de 147 víctimas y 32 exfuncionarios del régimen.
Mientras tanto, la Unión Europea ha congelado 120 millones de euros en cooperación y exige la liberación inmediata de los presos políticos. Estados Unidos mantiene la Ley Nica Act, que prohíbe la concesión de créditos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo a Nicaragua.
El régimen ha respondido con una campaña de estigmatización contra «los agentes del imperialismo», y ha expulsado a más de 30 diplomáticos y observadores internacionales desde 2022.
