El Gobierno de coalición ha acordado una prórroga obligatoria de los contratos de alquiler hasta 2028, según confirmaron fuentes de Sumar y el PSOE el 22 de julio de 2026. La medida forma parte de un borrador de decreto de más de 90 páginas, que se someterá al Consejo de Ministros el próximo martes y, posteriormente, al Congreso de los Diputados en septiembre. El anuncio unilateral de Sumar —antes de la presentación oficial del texto— generó rechazo inmediato entre otros grupos parlamentarios, que denunciaron la ruptura de una negociación discreta previa.
“Si alguien trata de capitalizar este decreto no saldrá adelante, tiene que ser amplio”, afirmaron fuentes del Ministerio de Vivienda, que ha mantenido un perfil bajo durante las semanas previas. El ministerio lidera las conversaciones técnicas con partidos, pero el lanzamiento mediático de Sumar alteró el equilibrio de la estrategia de consenso.
Un millón de nuevos beneficiarios y el reto del apoyo transversal
Según cálculos de Sumar, la prórroga reforzada podría beneficiar a casi un millón de personas adicionales, especialmente inquilinos de contratos que expiran entre 2025 y 2027. La medida se articula junto a otras ya anunciadas: la regulación del alquiler de temporada y la aplicación del IVA del 21% a los pisos turísticos. Estas últimas responden a presiones del Consorci de la Zona Franca y de ayuntamientos como Barcelona, que denuncian la presión especulativa en zonas residenciales.
Voces del sector inmobiliario
“Esto no resuelve la escasez de oferta, solo frena la rotación del parque”, señaló Biel Huguet, economista especializado en vivienda y coautor del informe Acceso y Sostenibilidad en el Mercado de Alquiler, publicado en julio de 2026. Por su parte, Iñaki Pardo Torregrosa, abogado especializado en derecho urbanístico, advirtió que “la prórroga automática choca con el artículo 155 del Código Civil, que exige la voluntad expresa de ambas partes para renovar”. El borrador incluye cláusulas de excepción para casos de necesidad habitacional del propietario, pero su aplicación práctica sigue sin definirse.
Antecedentes y contexto
- 2023: El Gobierno aprobó la Ley de Vivienda, que estableció la prórroga obligatoria de 5 años para contratos de alquiler en zonas tensionadas.
- 2024: El Tribunal Supremo anuló parcialmente la prórroga forzosa en Cataluña, al considerar que vulneraba la libertad de contratación.
- 2025: El Consorci de la Zona Franca presentó un informe técnico que vinculó el aumento del alquiler turístico con una caída del 18% en la oferta residencial en Barcelona.
- Enero 2026: El Gobierno anunció la revisión del decreto tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de vivienda de 2023.
- Julio 2026: El borrador actual incorpora mecanismos de compensación fiscal para propietarios y sanciones para plataformas que no registren pisos turísticos.
Marco legal y resistencias parlamentarias
El decreto se enmarca en el Presupuesto General del Estado 2026, que asigna 320 millones de euros al Fondo Estatal de Vivienda. Sin embargo, su tramitación enfrenta obstáculos legales y políticos. El Partido Popular y Vox ya han anunciado que presentarán recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. “No se puede imponer una prórroga que anula la libertad contractual”, declaró la portavoz de PP en la Comisión de Vivienda, Yolanda Díaz —no confundir con la ministra de Trabajo—, en una comparecencia del 23 de julio.
Cronología clave
- 22/07/2026, 15:14: Sumar anuncia el acuerdo en rueda de prensa.
- 22/07/2026, 17:30: El PSOE confirma el acuerdo, pero subraya que “el texto sigue en negociación con el resto de grupos”.
- 23/07/2026, 09:02: El Ministerio de Vivienda publica una nota técnica que aclara que el decreto “no entra en vigor hasta su publicación en el BOE, previsiblemente en octubre”.
- Septiembre 2026: Fecha prevista para la votación en el Congreso, con posibilidad de enmiendas transaccionales.
El decreto también incorpora la obligatoriedad de registro de todos los contratos de alquiler en el Registro de la Propiedad, una medida que busca aumentar la transparencia y facilitar la inspección fiscal. Según el Ministerio, esto permitirá identificar hasta un 23% de contratos no declarados, según datos de la Agencia Tributaria de 2025.
