El 30 de noviembre de 2017, a las 12:30 horas, una explosión sacudió el aparcamiento subterráneo del número 6 de la calle Santiago Rusiñol en Viladecans, un municipio del área metropolitana de Barcelona. El artefacto, adherido a los bajos de un Volkswagen Polo, mató al instante a Xavier Jaume Peña, de 45 años. Su esposa colombiana, de 30, se salvó por segundos al regresar al piso por su móvil. Una vecina resultó herida de gravedad. El caso marcó un punto de inflexión en las investigaciones sobre crimen organizado en Catalunya: era el primer atentado con coche bomba registrado en la región en más de dos décadas.
La identidad del fallecido reveló una red de violencia estructurada
Los Mossos d’Esquadra identificaron al fallecido en menos de 24 horas. Xavier Jaume Peña no era un civil cualquiera. Su historial policial, según fuentes de la Unidad Central de Delincuencia Organizada (UCDO), abarcaba más de 17 años de actividad criminal: tráfico internacional de cocaína, fabricación casera de explosivos, extorsión a locales de hostelería y al menos tres homicidios por encargo. En 2016, la Fiscalía Anticorrupción lo había incluido en la causa ‘Operación Tramuntana’, una investigación sobre redes de armas y drogas con conexiones en Colombia, Italia y Marruecos.
“No era un ajuste de cuentas local. Era un mensaje con firma internacional”
Así lo afirmó en 2018 el entonces jefe de la UCDO, Jordi Rovira, en una comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública del Parlamento de Catalunya. Rovira subrayó que la sofisticación del artefacto —una carga de C-4 con detonador remoto— no correspondía a los métodos habituales de las bandas locales. “El diseño, la colocación y el tipo de explosivo apuntan a conocimientos técnicos de origen sudamericano o balcánico”, señaló.
La pista de La Jonquera y el escrito de acusación
Los investigadores rastrearon los últimos movimientos de Jaume Peña. Cuatro días antes del atentado, el 26 de noviembre, había acudido a la Audiencia Provincial de Girona, donde recogió el escrito de acusación de la Fiscalía en un caso por tráfico de armas y explosivos. El documento detallaba su participación en la importación de 12 kilogramos de C-4 desde Bulgaria, ocultos en contenedores de maquinaria agrícola. La pena solicitada: 26 años de prisión.
Cronología clave del caso
- 26/11/2017: Jaume Peña recoge el escrito de acusación en Girona.
- 29/11/2017: Se detecta una llamada internacional desde un número registrado en Medellín a un teléfono de prepago vinculado a su entorno.
- 30/11/2017: Explosión en Viladecans. Muere Jaume Peña. Herida una vecina.
- 03/12/2017: Los Mossos detienen a dos sospechosos en L’Hospitalet de Llobregat, uno de ellos con antecedentes por tráfico de armas en la Red de Sant Boi.
- 15/03/2018: La Audiencia Nacional asume la causa por competencia territorial y conexidad con redes transnacionales.
Antecedentes y contexto
El atentado de Viladecans no surgió en el vacío. Entre 2014 y 2017, la Policía Nacional y los Mossos habían documentado un aumento del 300 % en los hallazgos de explosivos caseros en Catalunya, según el Informe Anual de Seguridad Pública 2017 del Departamento de Interior de la Generalitat. La mayoría provenía de talleres clandestinos en Barcelona, Tarragona y Girona, vinculados a clanes familiares con raíces en Colombia, Albania y Nigeria.
En 2016, la Operación Cumbre, liderada por la Unidad Central Operativa (UCO), había desarticulado una red que fabricaba artefactos con componentes de pirotecnia y fertilizantes. Uno de los detenidos, Jonathan Andic, fue identificado como proveedor técnico de explosivos para al menos tres clanes activos en el área de Barcelona. Andic, según el auto de procesamiento de la Audiencia Nacional, había recibido formación en Bogotá y mantenía contacto constante con un exmilitar colombiano vinculado al Cartel de los Andes.
El caso Viladecans se convirtió en el primer precedente judicial que vinculó directamente el uso de coches bomba con redes de narcotráfico establecidas en territorio catalán. Hasta entonces, los ataques con explosivos se asociaban casi exclusivamente a conflictos territoriales entre bandas de origen marroquí o a actos aislados de extremismo.
La respuesta institucional y sus limitaciones
Tras el atentado, el Departamento de Interior de la Generalitat activó el Plan Especial de Seguridad contra Atentados con Explosivos (PESEA), hasta entonces inédito en Catalunya. Sin embargo, una auditoría del Sindicato de Mossos d’Esquadra (SME) reveló en 2019 que solo el 12 % de las comisarías locales contaban con equipos de detección de explosivos actualizados. “Faltaba coordinación entre Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil. Y faltaba inteligencia compartida”, denunció Mònica Martínez, portavoz del SME, en una comparecencia ante la Comisión de Interior del Parlamento.
El caso sigue abierto. En 2024, la Fiscalía Antiterrorista amplió la investigación a tres nuevos sospechosos en Bulgaria y Colombia, tras el análisis de metadatos de dispositivos incautados. Pero Xavier Jaume Peña sigue siendo, sobre todo, un símbolo: el punto donde el crimen organizado dejó de operar en la sombra y estalló —literalmente— en pleno corazón urbano de Catalunya.
