María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, exige formación feminista obligatoria para jueces y magistrados. Lo hace tras repetidos fallos judiciales que anulan medidas de igualdad. Su propuesta busca corregir sesgos estructurales en la interpretación de la ley. Apunta a una brecha real: las mujeres reciben pensiones un 30 % más bajas que los hombres. La causa no es la edad ni los años cotizados, sino el reconocimiento legal insuficiente de las tareas de cuidados.
¿Por qué Montero pide formación feminista para jueces?
Montero denuncia que los tribunales invalidan sistemáticamente políticas públicas diseñadas para compensar desigualdades de género. Un ejemplo clave es el complemento por lagunas de cotización para mujeres que interrumpieron su vida laboral por cuidados. El Gobierno lo aprobó. Los tribunales lo anularon. Montero lo califica de “paradoja institucional”: se legisla para la justicia social, pero el sistema judicial la desmonta.
Esta dinámica no es técnica. Es ideológica. Refleja una ausencia de perspectiva de género en la formación jurídica. Los jueces aplican normas sin cuestionar su impacto diferenciado sobre mujeres, personas no binarias o cuidadores informales.
¿Qué implica una formación feminista en el ámbito judicial?
Una formación feminista no es adoctrinamiento. Es una actualización metodológica. Incluye el análisis de efecto diferencial de la ley, la desagregación de datos por género y la evaluación de impacto normativo. También aborda cómo el lenguaje jurídico reproduce estereotipos —por ejemplo, al equiparar “cuidado” con “ausencia laboral” en vez de con “contribución social esencial”.
El marco legal actual no exige esta formación
Ningún real decreto ni ley orgánica obliga a la formación en perspectiva de género para jueces. El Real Decreto 1076/2022 regula la formación continua del Poder Judicial, pero no menciona explícitamente la perspectiva de género como eje transversal. Esto deja un vacío que las propuestas de Montero buscan llenar.
¿Cómo afecta esto a la economía andaluza y española?
La brecha de pensiones tiene consecuencias macroeconómicas directas. El 72 % de las personas mayores en situación de pobreza extrema en Andalucía son mujeres. Esa exclusión económica alimenta la dependencia, limita el consumo y sobrecarga los servicios sociales. Cada euro no invertido en corregir la brecha genera costes posteriores en sanidad, vivienda y atención a la dependencia.
Además, la falta de reconocimiento de los cuidados frena la participación laboral femenina. Según el INE, el 64 % de las mujeres que no trabajan lo hacen por responsabilidades familiares. Sin políticas efectivas —y sin jueces capacitados para validarlas—, la productividad regional se estanca.
¿Qué dice el contexto político actual sobre esta exigencia?
Montero vincula su propuesta con una crítica al modelo de liderazgo simbólico: “Que haya una mujer al frente de una institución no garantiza la mirada feminista”. Se refiere a Isabel Díaz Ayuso, pero también a una tendencia nacional: la subrepresentación de mujeres en órganos de decisión judicial. Solo el 38 % de los magistrados del Tribunal Supremo son mujeres. En los tribunales superiores de justicia, la cifra baja al 31 %.
Su crítica a Donald Trump como “machista e imperialista” no es retórica. Es un contraste estratégico: frente a una visión del poder basada en la fuerza y la jerarquía, Montero defiende una justicia que priorice la equidad, la reparación y la inclusión.
Datos Clave
- El complemento por lagunas de cotización fue anulado por el Tribunal Constitucional en 2024, pese a su base en la Ley de Igualdad.
- Las mujeres andaluzas cobran, de media, 1.028 € mensuales de pensión, frente a los 1.492 € de los hombres.
- El 89 % de los cuidados no remunerados en España los realizan mujeres, según el INE 2025.
- Ninguna Comunidad Autónoma exige formación en perspectiva de género como parte de la capacitación judicial obligatoria.
La propuesta de Montero trasciende la campaña. Pone sobre la mesa una disyuntiva estructural: ¿debe el sistema judicial adaptarse a la realidad social o seguir interpretando la ley desde una óptica históricamente androcéntrica? Su respuesta es clara: la justicia no es neutra. Y su formación tampoco puede serlo.
