La percepción de falta de imparcialidad judicial está erosionando la confianza ciudadana en las instituciones. Salvador Illa, president de la Generalitat, ha alertado sobre este fenómeno tras una oleada de causas judiciales contra cargos del PSOE. No cuestiona el sistema, pero sí señala un riesgo estructural: cuando la ciudadanía interpreta que los jueces actúan con sesgo, se debilita la independencia judicial, pilar de la democracia. Esta tensión no es meramente política: tiene consecuencias reales en la gobernabilidad, la inversión y la estabilidad institucional.
¿Por qué la percepción de parcialidad judicial afecta la democracia?
La democracia representativa exige que los poderes del Estado operen con transparencia y equilibrio. Cuando encuestas como la de La Vanguardia revelan una creciente desconfianza en la imparcialidad de los tribunales, se activa una señal de alarma institucional. Esta percepción no depende solo de hechos probados, sino de cómo se comunican, se politizan y se interpretan los procesos judiciales.
El efecto dominó en la gobernabilidad
Cada causa judicial contra figuras del PSOE —desde exministros hasta exdirigentes— alimenta una narrativa de persecución o de impunidad, según la óptica partidista. Illa ha subrayado que Pedro Sánchez no tenía conocimiento previo de las actuaciones de corrupción, lo que refuerza la idea de una gestión institucional desvinculada de los hechos individuales. Sin embargo, la acumulación de casos genera fatiga democrática y desgaste del Gobierno.
¿Cómo influye el contexto político en la percepción judicial?
El acercamiento entre el PP y Junts, junto con la reapertura de causas contra figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, intensifica la sensación de instrumentalización. Illa ha criticado abiertamente esta estrategia, señalando que no se trata de defender a nadie, sino de proteger la separación de poderes. Cuando los partidos usan los tribunales como escenario de confrontación, se normaliza la deslegitimación de las sentencias.
La dimensión económica del desgaste institucional
La incertidumbre jurídica afecta directamente a la inversión. Empresas y fondos extranjeros priorizan países con sistemas judiciales predecibles y neutrales. Una percepción extendida de sesgo judicial eleva la prima de riesgo país y frena proyectos de largo plazo. Según datos del Banco de España (2026), el 37 % de los inversores extranjeros citan la estabilidad institucional como factor clave en sus decisiones.
¿Qué dice el marco legal sobre la imparcialidad judicial?
La Constitución española establece en su artículo 117 que los jueces son independientes e inamovibles. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) exige que los magistrados actúen con objetividad, sin influencias externas. Sin embargo, la ley no regula la percepción ciudadana: solo los hechos objetivos. Esa brecha entre norma y realidad es donde nace el riesgo.
El papel del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
El CGPJ tiene competencias para garantizar la independencia, pero su actual composición —en funciones desde 2024 tras una larga vacante— genera dudas sobre su capacidad de liderazgo ético. Su informe anual de 2025 reconoce retrasos en la formación en ética judicial para el 28 % de los juzgados.
¿Qué datos clave revelan la gravedad del problema?
- El 62 % de los ciudadanos cree que los jueces están influenciados por presiones políticas (encuesta La Vanguardia, junio 2026).
- Las causas judiciales contra cargos del PSOE han aumentado un 41 % respecto a 2025.
- El 74 % de los abogados consultados por el Consejo General de la Abogacía considera que la comunicación institucional de los tribunales es insuficiente.
- El índice de confianza en el Poder Judicial cayó del 58 % al 43 % entre 2023 y 2026 (INE, Encuesta de Calidad Democrática).
¿Qué implica esto para el futuro institucional?
No se trata de cuestionar sentencias, sino de fortalecer los mecanismos que blindan la percepción de justicia. La transparencia en la designación de jueces, la publicación obligatoria de criterios de actuación en causas sensibles y la formación continua en ética judicial son medidas técnicas urgentes. La democracia no se sostiene solo con leyes: se sostiene con credibilidad.
La independencia judicial no es un privilegio de los jueces. Es una garantía para todos.
