El desalojo del antiguo Instituto B9 en Badalona marcó un punto de inflexión en la gestión municipal de emergencias habitacionales. Tras la intervención policial en diciembre de 2025, 400 personas —en su mayoría migrantes subsaharianos— fueron desplazadas. La jueza archivó el expediente al constatar que el Ayuntamiento cumplió la condición esencial: garantizar asistencia inmediata. No hubo sanción, pero sí un intenso escrutinio sobre la capacidad real de los servicios sociales para responder ante crisis estructurales.
¿Qué determinó la jueza al archivar el expediente del desalojo del B9?
La magistrada cerró el expediente tras analizar tres informes oficiales: los de 17 y 31 de diciembre de 2025, y el de 1 de abril de 2026. En ellos, el Ayuntamiento de Badalona —dirigido por Xavier García Albiol — demostró haber aplicado medidas asistenciales a las personas desalojadas.
La jueza reconoció que no existía un protocolo específico de desalojos, pero valoró positivamente que el consistorio actuara bajo el marco general del protocolo de personas sin hogar. Destacó que el cumplimiento fue literal respecto al auto judicial, aunque admitió que otras formas de intervención eran posibles.
¿Cómo se organizó la atención a los desalojados?
El informe del jefe de Dirección Estratégica de Servicios Sociales detalló que se atendió a 127 personas identificadas. Entre las medidas aplicadas figuran:
- Acogida en pisos temporales gestionados por entidades del tercer sector.
- Derivación a centros de acogida de la red municipal y provincial.
- Evaluación individualizada de necesidades básicas y de salud.
- Apoyo jurídico para regularización administrativa y acceso a prestaciones.
¿Cuál fue el impacto económico del desalojo del B9 en Badalona?
El desalojo generó costes directos estimados en 420.000 euros, según fuentes municipales no oficiales. Estos incluyen despliegue policial, logística de acogida, contratación de entidades colaboradoras y seguimiento social. Pero el impacto económico va más allá: el edificio B9, con 8.200 m², permanece sin uso desde 2023. Su reactivación podría generar 35 puestos de trabajo si se convierte en un centro integral de inserción social y formación.
¿Qué dice la ley sobre desalojos en edificios ocupados?
El marco legal se articula entre el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley 18/2014 de protección de los derechos de los inquilinos. En casos como el B9, donde no hay relación contractual, rige el procedimiento de restitución de la posesión. Sin embargo, la Sentencia 109/2022 del TSJ de Cataluña exige que toda actuación municipal incluya garantías reales de alojamiento alternativo. El incumplimiento puede derivar en responsabilidad patrimonial.
¿Qué rol jugó la Fiscalía en el caso del Instituto B9?
La Fiscalía no archivó el caso. Exigió al alcalde García Albiol que acreditara, con documentación fehaciente, que los servicios sociales atendieron efectivamente a los desalojados. Esta exigencia refleja la creciente presión institucional sobre la transparencia en la gestión de emergencias sociales. La Fiscalía también solicitó copias de los informes de seguimiento a 90 días, para evaluar la estabilidad residencial de los afectados.
¿Qué datos clave revela el caso del B9?
- Se desalojaron 400 personas, pero solo 127 fueron identificadas y atendidas formalmente.
- El Ayuntamiento carece de un protocolo específico de desalojos, lo que genera inseguridad jurídica.
- Los informes municipales fueron clave para archivar el expediente, pero no son públicos.
- El edificio B9 sigue sin destino definido, pese a su potencial para albergar servicios sociales o formación profesional.
- La Fiscalía mantiene abierta una línea de supervisión sobre los resultados del seguimiento post-desalojo.
¿Qué implica este caso para las ciudades españolas?
El caso B9 no es aislado. Refleja una tensión creciente entre ordenamiento urbano, derecho a la vivienda y capacidad real de respuesta institucional. En 2025, 17 municipios catalanes registraron ocupaciones masivas en edificios públicos abandonados. La ausencia de protocolos estandarizados favorece respuestas ad hoc, con riesgos legales y sociales. La solución no es solo policial: requiere inversión en vivienda social, coordinación interadministrativa y evaluación de impacto social previa a cualquier desalojo.
