Bruselas, 26 de julio de 2026. Cinco Estados miembros de la Unión Europea —Países Bajos, Dinamarca, Austria, Grecia y Alemania— han lanzado una alianza operativa para establecer, antes de finales de 2026, el primer centro de retorno de migrantes fuera del territorio comunitario. El proyecto, inspirado en el acuerdo entre Italia y Albania, busca externalizar procesos de expulsión mediante acuerdos bilaterales con terceros países, a cambio de beneficios diplomáticos y económicos.
Cinco gobiernos impulsan una nueva arquitectura migratoria
La iniciativa no es meramente declarativa: ya hay equipos técnicos de los cinco países trabajando en paralelo sobre tres ejes clave: el diseño operativo del centro, la identificación de países receptores viables y el marco jurídico que evite vulneraciones del derecho internacional. Según fuentes del Consejo de la UE, el grupo ha acordado no divulgar públicamente los países candidatos —entre los que se barajan Túnez, Rwanda y Georgia— para proteger las negociaciones en curso.
El ministro neerlandés de Migración, Bart van den Brink, confirmó en una reunión del Grupo de Trabajo de Asuntos Migratorios del Consejo que «los avances técnicos son tangibles y esperamos presentar un borrador de acuerdo marco en septiembre». Su homólogo danés, Mette Frederiksen, ha sido aún más contundente: «El primer centro estará operativo entre 2026 y 2027. No es una promesa electoral, es un compromiso institucional».
¿Qué dice el marco legal europeo?
La tensión entre eficacia y derechos fundamentales
El proyecto choca frontalmente con el Reglamento de Asilo y Migración (AMR), que entró en vigor en junio de 2024 y prohíbe expresamente la externalización de procedimientos de asilo. Sin embargo, los países promotores argumentan que los centros de retorno no tratan solicitudes de protección, sino que gestionan expulsiones de personas cuyos recursos legales ya han sido agotados.
El Tribunal de Justicia de la UE aún no se ha pronunciado sobre la compatibilidad de estos centros con el Tratado de Funcionamiento de la UE, pero el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) ha advertido que «cualquier acuerdo que prive a una persona de acceso efectivo a la justicia viola el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos».
Voces de los afectados y de la sociedad civil
«Esto no es retorno, es desaparición administrativa»
Nadia Benali, abogada especializada en derecho migratorio y coordinadora de la red EuroMed Rights, denuncia que «los centros en Albania ya han generado más de 1.200 casos documentados de detención arbitraria y falta de asesoramiento jurídico. Exportar ese modelo es legalizar la impunidad».
Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos de Grecia ha registrado, desde 2023, 37 denuncias formales de devoluciones en caliente desde islas del Egeo a Turquía sin garantías procesales. «Si ya fallamos en nuestro propio territorio, ¿qué garantías habrá en un centro en Túnez?», cuestiona Dimitris Katsoulis, investigador del observatorio.
Antecedentes y contexto
- En 2022, Italia y Albania firmaron un memorando para crear un centro de procesamiento de migrantes en Kukës, con financiación de la UE y supervisión de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).
- En 2023, el Tribunal Administrativo de Tirana anuló dos resoluciones del gobierno albanés por falta de transparencia en los acuerdos con Italia.
- En 2024, la Comisión Europea aprobó 120 millones de euros para «reforzar la gestión migratoria en terceros países», sin exigir cláusulas vinculantes de derechos humanos.
- En junio de 2026, el Parlamento Europeo rechazó una resolución que pedía una moratoria a los acuerdos de retorno externo, con 312 votos a favor, 289 en contra y 42 abstenciones.
La alianza de los cinco países se inscribe en una tendencia creciente: desde 2022, al menos 11 Estados miembros han firmado acuerdos bilaterales con terceros países para gestionar migración, aunque ninguno ha creado aún una instalación física de retorno fuera de la UE. El proyecto actual es el primero con cronograma oficial, financiación compartida y estructura intergubernamental formal. Su éxito o fracaso definirá el rumbo de la política migratoria europea para la próxima década.
