En los últimos años, la situación de los presos de ETA ha sido un tema candente en la sociedad española, especialmente en el País Vasco. Recientemente, un informe de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha revelado que casi una veintena de reclusos de la banda terrorista han logrado flexibilizar su régimen penitenciario, lo que ha generado un intenso debate sobre la política de reinserción y el tratamiento de los delitos de terrorismo.
### Flexibilización del Régimen Penitenciario
Según el informe de la AVT, actualmente hay 133 presos vinculados a ETA, de los cuales 48 han progresado al tercer grado y 22 han obtenido la libertad condicional. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que 17 de estos reclusos han conseguido una flexibilización en su régimen, permitiéndoles salir unas horas al día para trabajar. Esta medida se basa en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite a los internos salir temporalmente de la cárcel bajo ciertas condiciones.
La AVT ha expresado su preocupación por el hecho de que el 66% de los presos de ETA ya se encuentre en semilibertad, mientras que solo un 34% permanece en régimen cerrado. Esta situación ha llevado a la asociación a calificar las progresiones como «indultos encubiertos», argumentando que muchos de estos reclusos no han mostrado arrepentimiento por sus acciones. Covite, otra asociación de víctimas, también ha criticado estas decisiones, sosteniendo que las progresiones son fraudulentas y que los presos no están verdaderamente arrepentidos de sus crímenes.
Desde la eliminación de la política de dispersión en 2023, todos los reclusos de ETA se encuentran en cárceles del País Vasco, lo que ha facilitado el acceso a estas medidas de flexibilización. La mayoría de los presos han logrado acceder a la semilibertad gracias a los terceros grados, lo que ha generado un clima de tensión y descontento entre las víctimas del terrorismo y sus familias.
### Cambios en la Política Penitenciaria
La consejera de Justicia del Gobierno Vasco, María Jesús San José, ha defendido la necesidad de impulsar los regímenes de semilibertad como un paso hacia la reinserción social de los reclusos. Sin embargo, su enfoque ha sido objeto de críticas. San José ha manifestado que los reclusos deben salir con «arrepentimiento por el mal causado» y con «empatía hacia sus víctimas». Sin embargo, estos requisitos no son exigibles legalmente para progresar de grado, lo que ha generado confusión y descontento entre las víctimas.
Además, la consejera ha apoyado la inclusión de un régimen sancionador en la ley de víctimas, que penalizaría a quienes exhiban símbolos o pancartas en honor a terroristas. Esta propuesta busca evitar la «doble victimización» que sufren las víctimas al ver a sus agresores reivindicados como héroes en el espacio público. La idea es que el Parlamento vasco apruebe una modificación de la ley que se tramitaría de manera sencilla, similar a la que protege a las víctimas de la dictadura franquista.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha comenzado a recurrir algunas de las progresiones de grado, lo que indica que hay un interés por parte del sistema judicial en revisar estas decisiones. Aunque la mayoría de los cambios de grado han sido aprobados, algunos casos específicos han sido revocados, lo que refleja la complejidad y la controversia que rodea a este tema.
### Implicaciones Sociales y Políticas
La situación de los presos de ETA y las decisiones sobre su régimen penitenciario tienen profundas implicaciones sociales y políticas en España. Por un lado, hay un sector de la población que aboga por la reinserción de los reclusos como un paso necesario para la paz y la reconciliación. Sin embargo, este enfoque choca con el dolor y el sufrimiento de las víctimas del terrorismo, quienes sienten que se les está negando justicia.
El debate sobre la flexibilización del régimen penitenciario de los presos de ETA no solo afecta a los reclusos y sus familias, sino que también tiene un impacto en la percepción pública sobre la justicia y la memoria histórica en España. Las víctimas del terrorismo, que han sufrido pérdidas irreparables, ven con recelo cualquier medida que pueda interpretarse como un perdón o una minimización de sus sufrimientos.
En este contexto, es fundamental que las autoridades encuentren un equilibrio entre la necesidad de reinserción social y el respeto hacia las víctimas del terrorismo. La política penitenciaria debe ser revisada y adaptada para garantizar que se respeten los derechos de todos los involucrados, sin olvidar el dolor que ha causado el terrorismo en la sociedad española. La forma en que se maneje esta situación en el futuro será crucial para la convivencia y la reconciliación en el País Vasco y en toda España.
