La Societat General d’Aigües de Barcelona, filial del grupo francés Veolia, ha obtenido la máxima calificación en los criterios técnicos y económicos del concurso público para la gestión del ciclo integral del agua en ocho municipios del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El proceso, valorado en más de 1.000 millones de euros, es una de las licitaciones más importantes en curso en Catalunya en 2026, según el acta de la mesa 4 publicada el 24 de julio de 2026.
Sin embargo, su victoria provisional no está garantizada: la empresa debe acreditar, en cinco días hábiles, la viabilidad de su oferta económica, tras registrar una baja del 60% en los precios unitarios de las inversiones. Esta cifra supera ampliamente el umbral legal de 27,63%, establecido tras calcular la media aritmética de las seis ofertas presentadas.
Tres empresas bajo escrutinio por bajas anormales
Además de Veolia, también deben justificar sus ofertas las uniones temporales Facsa-Calaf-Inima y Gestagua-Saur, tras registrar bajas del 29,10% y 45%, respectivamente. La normativa de contratación pública catalana exige documentación adicional cuando una oferta supera en más de 5 puntos porcentuales la media aritmética de las propuestas. Pero, al aplicar el mecanismo de exclusión —que descarta de ese cálculo la oferta más alejada—, tres licitadores quedan sujetos al mismo requerimiento.
¿Qué exige la ley?
El Real Decreto Legislativo 3/2011, traspuesto al ordenamiento autonómico catalán, establece que las bajas temerarias ponen en riesgo la calidad del servicio y la sostenibilidad del contrato. Según el Consorci de la Zona Franca, que asesora técnicamente al AMB en procesos complejos, “la justificación debe incluir desgloses de costes, estructura salarial, planificación de inversiones y garantías financieras vinculadas a los 175,6 millones de euros de inversión obligatoria”.
Antecedentes y contexto
Este concurso forma parte del plan estratégico del AMB para modernizar la gestión del agua tras la aprobación del Pressupostos 2026, que asignó 212 millones a infraestructuras hídricas. El proceso se inició en enero de 2026, tras la expiración de los contratos anteriores con Aigües de Barcelona y Gestagua, y se enmarca en una política de apertura competitiva impulsada por la Generalitat de Catalunya desde 2023.
En 2024, el Tribunal de Cuentas de Catalunya advirtió sobre “la falta de transparencia en la adjudicación de servicios públicos esenciales”, lo que precipitó la reforma del procedimiento de evaluación técnica. En 2025, el Consorci de la Zona Franca validó el nuevo sistema de puntuación, que otorga un 60% del peso a criterios técnicos y un 40% a los económicos —un cambio clave respecto a licitaciones anteriores.
Cronología clave
- Enero de 2026: Publicación de la convocatoria del concurso por el AMB.
- 15 de marzo de 2026: Cierre del plazo de presentación de ofertas. Se registran seis licitadores.
- 20 de julio de 2026: Evaluación técnica y económica por la mesa 4.
- 24 de julio de 2026: Publicación del acta y notificación de requerimiento a tres empresas.
Impacto en la calidad del servicio y los usuarios
El contrato afectará directamente a más de 1,2 millones de habitantes, incluidos municipios como Molins de Rei, Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat, y Cornellà de Llobregat. La potabilizadora de Sant Joan Despí, cuya ampliación fue aprobada en abril de 2026, dependerá de las inversiones comprometidas por el adjudicatario.
“Una baja excesiva puede traducirse en recortes en mantenimiento, menos personal cualificado o retrasos en la ejecución de obras”, advierte Mònica Rius, ingeniera hidráulica y miembro del Col·legi d’Enginyers de Camins de Catalunya. “El AMB no puede priorizar el ahorro a corto plazo sobre la resiliencia del sistema ante sequías recurrentes”.
Por su parte, Jordi Vidal, portavoz de la plataforma ciudadana Aigua Pública, subraya que “el 72% de los municipios del AMB ya han registrado déficits hídricos superiores al 30% en los últimos tres años. Cualquier fallo en la ejecución del contrato tendrá consecuencias reales en el abastecimiento”.
La resolución definitiva del concurso está prevista para la primera semana de agosto de 2026. Si ninguna de las tres empresas logra acreditar la viabilidad de su oferta, el AMB deberá reabrir la fase de evaluación o declarar desierto el procedimiento.
