José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno (2004–2011), enfrenta desde julio de 2026 una investigación judicial por presuntas irregularidades vinculadas a Plus Ultra, una joyería madrileña y actividades profesionales de su familia. Las declaraciones que emitió el 23 de julio de 2026 en una entrevista en TVE han reavivado el debate público y generado nuevas preguntas sobre transparencia, conflicto de intereses y responsabilidad ética en cargos públicos de alto nivel.
Las joyas en la caja fuerte: un regalo que se volvió evidencia
Las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho en Madrid fueron el detonante inicial de la investigación. Zapatero las describió como «un regalo de cortesía personal de hace mucho tiempo», pertenecientes a su familia. Sin embargo, su presencia en un espacio institucional ha generado dudas sobre su origen y destino. El fiscal anticorrupción investiga si hubo ocultación patrimonial o falta de declaración en modelos fiscales clave.
«No tengo ninguna relación con la joyería»
Zapatero insistió: «No tengo ninguna relación con la joyería». Añadió que las piezas «estaban ahí sin ningún uso» y que, con perspectiva, «seguramente no las habría aceptado». Estas declaraciones fueron recogidas por el Tribunal Supremo, que ha abierto diligencias previas para determinar si hubo infracción del artículo 432 del Código Penal (prevaricación) o del artículo 305 (delito fiscal).
Plus Ultra: negación rotunda de participación en el rescate
La segunda línea de investigación gira en torno a la empresa Plus Ultra, cuyo rescate financiero en 2023 generó polémica por su vinculación con entidades públicas. Zapatero negó categóricamente haber intervenido: «No participé en el rescate de Plus Ultra». También afirmó que «nunca van a aparecer conversaciones mías con nadie de Plus Ultra».
«Trabajo de consultoría declarado»
Sobre su labor en Análisis Relevante, firma de consultoría donde prestó servicios tras su etapa en La Moncloa, Zapatero aclaró: «Todo mi trabajo fue de consultoría y asesoramiento. Nunca firmé un contrato con ninguno de los clientes». Añadió que su actividad fue «declarada, con mi nombre y apellidos». No obstante, el Ministerio Público ha solicitado a la Agencia Tributaria los contratos de facturación de la empresa entre 2022 y 2025, tras detectar pagos recurrentes desde sociedades vinculadas a Plus Ultra.
La defensa jurídica y el principio de inocencia
Zapatero reiteró su confianza en el sistema judicial: «Hasta que no haya una sentencia firme, aquí no delinque nadie». Subrayó que «quien acusa tiene que probarlo», y que «si no puede, tiene que asumir su responsabilidad». Estas frases fueron citadas textualmente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe preliminar sobre la idoneidad del procedimiento.
«No es mi estilo trasladar responsabilidades»
En una afirmación que resonó en medios jurídicos, el expresidente afirmó: «Jamás me habrán visto trasladar una responsabilidad, acusar o imputar a alguien. No es mi estilo». Esta postura contrasta con declaraciones previas de excolaboradores, recogidas por El Confidencial, que señalan que Zapatero habría sugerido en reuniones privadas que «la responsabilidad recaía en los técnicos».
Antecedentes y contexto
- En noviembre de 2023, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió una investigación por prácticas anticompetitivas contra Plus Ultra, tras denuncias de proveedores.
- En marzo de 2024, el Tribunal de Cuentas emitió un informe que señaló irregularidades en la contratación pública de Plus Ultra con entidades dependientes del Ministerio de Industria.
- En junio de 2025, la Fiscalía Anticorrupción inició diligencias tras el hallazgo de 17 piezas de joyería valoradas en 385.000 euros, registradas bajo nombre de una sociedad instrumental vinculada a sus hijas.
- En enero de 2026, el Congreso de los Diputados rechazó una moción de censura presentada por VOX que citaba los vínculos de Zapatero con Plus Ultra, al no alcanzar los apoyos necesarios.
- El 23 de julio de 2026, Zapatero concedió su primera entrevista pública desde el inicio de la investigación, en TVE, generando más de 2,4 millones de visualizaciones en 24 horas.
El PSOE ha mantenido su postura institucional: «respeto absoluto a la presunción de inocencia y al derecho de defensa». Fuentes de Moncloa confirmaron que no modificarán su posición, pese a las presiones del Partido Popular, que exige una «investigación exhaustiva y sin privilegios». Mientras tanto, el Colegio de Abogados de Madrid ha abierto un expediente ético para evaluar si las actividades de Zapatero como consultor podrían vulnerar el Código Deontológico de los Abogados, especialmente en relación con la prohibición de ejercer influencia indebida sobre la Administración.
La investigación continúa en fase de instrucción. El juez instructor del Juzgado Central de Instrucción número 6 tiene plazo hasta el 15 de octubre de 2026 para decidir si archiva la causa o eleva la causa a juicio oral.
