El Govern de la Generalitat presentará este viernes un escrito formal ante el Tribunal de Cuentas para exigir la extinción inmediata de la responsabilidad contable de treinta exaltos cargos catalanes implicados en los gastos del referéndum del 1-O y de la acción exterior del Diplocat. La medida se articula tras la entrada en vigor de la ley de Amnistía, aprobada en junio de 2024, y busca evitar retrasos en su aplicación al ámbito contable.
La petición incluye la devolución de los 5,4 millones de euros depositados en 2022 por el Institut Català de Finances (ICF) como aval provisional. Ese dinero fue exigido tras el rechazo del Tribunal de Cuentas, en 2021, a la justificación de los gastos públicos vinculados al proceso soberanista.
¿Quiénes están en la mira del Tribunal de Cuentas?
Exdirigentes bajo investigación contable
Entre los afectados figuran Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras, Jordi Turull, y otros exconsellers y altos funcionarios de la administración catalana. Todos están encausados por la utilización de fondos públicos en actividades consideradas ilegales por el Tribunal Constitucional: la organización del referéndum del 1-O y la promoción internacional del proceso soberanista.
El Tribunal de Cuentas inició la causa en 2018, tras una denuncia del Ministerio de Hacienda. En 2021, el órgano fiscalizador determinó que los gastos no tenían cobertura legal y exigieron responsabilidad contable individual.
La estrategia de la Generalitat
Según fuentes del Departamento de Economía de la Generalitat, el escrito incluirá un certificado de la Intervención General de la Generalitat que acredita que los fondos utilizados no procedían de fondos europeos, sino de presupuestos propios de la administración autonómica. Esa aclaración es clave para descartar infracciones comunitarias y fortalecer el argumento de que la responsabilidad es exclusivamente política y no financiera.
Antecedentes y contexto
- En octubre de 2017, el Tribunal Constitucional suspendió el referéndum del 1-O y declaró ilegal la declaración de república.
- En 2018, el Tribunal de Cuentas abrió la causa contable contra 30 exaltos cargos por gastos de 12,3 millones de euros, según su informe preliminar.
- En 2021, el Tribunal rechazó la justificación de los gastos y exigió responsabilidad individual.
- En 2022, el ICF depositó 5,4 millones de euros como aval provisional, tras la negativa del Tribunal a aceptar la garantía ofrecida inicialmente.
- En junio de 2024, entró en vigor la ley de Amnistía, que ampara delitos políticos cometidos entre 2012 y 2023, incluidos los vinculados al 1-O.
La Federación de Municipios de Cataluña ha señalado que “la amnistía no es un perdón, sino una decisión política de cierre institucional”. Por su parte, el Consejo de Estado advirtió en dictamen de 2024 que la amnistía no afecta a responsabilidades contables, salvo que el Tribunal de Cuentas lo determine expresamente.
¿Qué dice la ley y qué puede decidir el Tribunal de Cuentas?
El marco legal
El artículo 12 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Tribunal de Cuentas, establece que la responsabilidad contable se extingue “cuando desaparezca la causa que la motivó”. La ley de Amnistía (Ley Orgánica 1/2024) no menciona expresamente al Tribunal de Cuentas, pero su preámbulo afirma que busca “superar la situación de excepcionalidad institucional derivada del conflicto político”.
Voces expertas
La catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, María José Martínez Sánchez, explica: “La amnistía no borra hechos, pero sí elimina la posibilidad de sanción penal o administrativa. Si el Tribunal de Cuentas interpreta que la responsabilidad contable es una derivación de la acción penal, podría considerarla extinguida”.
El Tribunal de Cuentas no ha emitido aún pronunciamiento público sobre el impacto de la amnistía en sus causas. Su resolución podría marcar un precedente para otras causas contables relacionadas con conflictos políticos en España.
El Ministerio de Hacienda ha mantenido silencio oficial, aunque fuentes cercanas al departamento indican que “el Tribunal actúa con autonomía y su decisión será técnica, no política”.
La resolución definitiva podría tardar entre tres y seis meses, según estimaciones del Colegio de Economistas de Cataluña.
