El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, enfrenta una sanción disciplinaria tras cuestionar públicamente la eficacia de su custodia oficial. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no logró acordar su sanción en una reunión de tres horas el 21 de julio de 2026, y pospuso la decisión a los próximos días.
El auto que desató la polémica
El 21 de junio de 2026, Peinado, titular de la plaza número 41 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, dictó un auto que impuso medidas cautelares contra Begoña Gómez: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y presentación quincenal en sede judicial. Estas medidas fueron anuladas una semana después por la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que carecían de fundamento probatorio.
Pero el verdadero detonante fue una frase del auto: el juez afirmó que la custodia permanente de Begoña Gómez por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “no garantizaba que no huyera al extranjero”. Esta afirmación generó rechazo inmediato en el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que presentó una queja formal contra el magistrado.
La división entre los jueces
La comisión permanente del CGPJ, órgano de gobierno compuesto por ocho magistrados, ha celebrado al menos tres reuniones sobre el caso: una extraordinaria el domingo 21 de junio, otra el lunes 22 y una tercera el martes 21 de julio de 2026. En todas, no se alcanzó acuerdo. La división refleja una fractura ideológica y funcional dentro del cuerpo judicial.
Ricardo Conde, el juez conservador que lidera el expediente
El magistrado Ricardo Conde, designado como instructor del expediente disciplinario, informó a favor del archivo de las cinco quejas contra Peinado. Según fuentes del CGPJ, Conde argumentó que las críticas al juez no derivan de una infracción disciplinaria, sino de “diferencias legítimas en la valoración de la necesidad de medidas cautelares”. Su informe, no vinculante pero altamente influyente, fue rechazado por al menos cuatro miembros de la comisión.
Antecedentes y contexto
- El caso Begoña Gómez se abrió en marzo de 2026 tras la denuncia de una empresa tecnológica por presunta gestión irregular de fondos públicos en un proyecto de innovación educativa.
- El Tribunal de Instancia de Madrid asumió la investigación el 12 de abril, y Peinado fue asignado como instructor el 18 de abril.
- El 15 de mayo, el juez ordenó la toma de declaración de Begoña Gómez, quien acudió acompañada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, bajo protocolo de protección oficial.
- El 21 de junio, el auto cautelar de Peinado provocó una reacción inmediata del SUP, que calificó la frase sobre la custodia como “desprestigio institucional y desconfianza injustificada hacia las fuerzas de seguridad”.
- El 14 de julio, la Audiencia Provincial de Madrid anuló las medidas cautelares, señalando que “no existía riesgo real de fuga ni indicios objetivos que justificaran su adopción”.
Marco legal y precedentes
El régimen disciplinario de los jueces se rige por el Estatuto Orgánico del Poder Judicial (art. 417 y ss.), que prevé sanciones desde amonestación hasta destitución. Para que prospere una sanción, debe acreditarse una infracción grave, intencional o reiterada. Según el Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense, José María Ruiz Soroa, “cuestionar la eficacia de una medida de seguridad no constituye, por sí sola, falta disciplinaria, salvo que se demuestre mala fe o desprecio manifiesto a la función policial”.
El Colegio de Abogados de Madrid emitió un informe el 20 de julio en el que subraya que “la independencia judicial incluye el derecho a emitir valoraciones técnicas, incluso controvertidas, siempre que se sustenten en el marco probatorio”.
La Asociación de Jueces para la Democracia (AJD) advirtió que “criminalizar la discrecionalidad judicial bajo presión mediática pone en riesgo la separación de poderes”.
El caso sigue abierto. La próxima reunión de la comisión permanente del CGPJ está prevista para el 28 de julio de 2026. Mientras tanto, Peinado continúa al frente de la instrucción del caso Begoña Gómez, sin suspensión ni limitación de funciones.
