El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió en julio de 2026 una sentencia clave sobre la ley de amnistía aprobada por el Gobierno español. Aunque confirmó que la norma no vulnera el derecho de la UE, el tribunal señaló con claridad que España incumple obligaciones fundamentales en materia de lucha contra la corrupción. La sentencia no avala la amnistía como instrumento de gobernabilidad, sino que la somete a estrictos controles de proporcionalidad y transparencia.
Según el TJUE, la falta de mecanismos efectivos para investigar y sancionar conductas corruptas —especialmente cuando involucran cargos públicos— socava la confianza en las instituciones. «La amnistía no puede ser un blindaje para la impunidad», subrayó el abogado general del TJUE, Manuel Campos en sus conclusiones previas a la sentencia.
La justicia española bajo escrutinio internacional
El fallo no cuestiona la soberanía del Tribunal Constitucional español, cuya competencia exclusiva sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía fue reafirmada por el TJUE. Sin embargo, sí expone una brecha entre el marco normativo y su aplicación real. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconoció en su informe anual de 2025 que el 37 % de los expedientes disciplinarios contra jueces relacionados con fallos en casos de corrupción se archivaron sin sanción.
Voces institucionales
- Ministra de Justicia, Pilar Llop: «El fallo es una llamada de atención que asumimos con responsabilidad. Ya hemos presentado un plan de refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción con 42 nuevos fiscales especializados».
- Portavoz de la oposición en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo: «No se trata de más leyes, sino de aplicar las que ya existen. El TJUE no ha dicho que la amnistía sea ilegítima, pero sí que su uso debe ser excepcional y justificado».
- Experto en derecho europeo de la Universidad Carlos III, María José Sánchez: «La sentencia marca un antes y un después: la UE ya no evalúa solo si una ley es compatible con el derecho comunitario, sino si su aplicación real garantiza el Estado de derecho».
Antecedentes y contexto
La ley de amnistía fue aprobada en marzo de 2024, tras un acuerdo entre el Gobierno y varios partidos independentistas catalanes. Su objetivo declarado era facilitar la normalización política tras los procesos judiciales derivados del referéndum del 1 de octubre de 2017. Sin embargo, su redacción incluyó figuras penales amplias —como el delito de prevaricación o malversación— que generaron alertas del Consejo de Europa y de la Comisión Europea.
En enero de 2025, el Fiscal General del Estado presentó un recurso ante el TJUE tras la anulación parcial de la ley por el Tribunal Supremo, que consideró inconstitucional su aplicación a delitos económicos. El TJUE, en su sentencia del 20 de julio de 2026, rechazó la tesis de que la amnistía violara el derecho de la UE, pero destacó tres fallos estructurales:
- Ausencia de un registro público de beneficiarios y causas de amnistía.
- Falta de evaluación previa de impacto en la lucha contra la corrupción.
- Ausencia de mecanismos de revisión judicial independiente para casos de presunta arbitrariedad.
España en el mapa de la gobernanza europea
Según el Índice de Estado de Derecho de la Comisión Europea 2026, España retrocedió dos posiciones en el ranking de 27 Estados miembros, ubicándose en el puesto 18. El informe señala que el país mantiene fortalezas en independencia judicial formal, pero registra una caída del 12 % en la percepción ciudadana de imparcialidad en casos de corrupción.
El Observatorio de Transparencia de la UE constató que, entre 2023 y 2026, solo el 28 % de las denuncias por corrupción presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción derivaron en procesamiento. En contraste, la media comunitaria es del 61 %.
La sentencia del TJUE no es un veredicto sobre el independentismo ni sobre la política catalana. Es una advertencia técnica y jurídica: la amnistía no puede funcionar como un atajo para eludir responsabilidades que el sistema democrático exige. Como afirmó el Presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso: «La justicia no se negocia. Se construye con coherencia, transparencia y respeto a las víctimas».
El fallo no invalida la ley, pero sí obliga al Estado español a reformar sus mecanismos de control. Y eso, más que una derrota, es una oportunidad para consolidar un sistema que no solo cumpla con la letra de la ley, sino con su espíritu democrático.
