El presidente Donald Trump ha activado este jueves 24 de julio de 2026 una nueva ola de aranceles que afecta a 60 países, incluidos España, el resto de la Unión Europea, Reino Unido, China, México, India y Japón. Las tasas, que entran en vigor desde la madrugada, oscilan entre el 10% y el 12,5%, según el tipo de producto y origen. La medida es una respuesta directa al fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que en febrero declaró inconstitucionales sus anteriores aranceles globales.
Justificación basada en trabajo forzoso y ley de 1974
La Casa Blanca justifica la medida con una investigación de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR), que concluyó que los países afectados no han tomado «medidas suficientes» para evitar la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso. Sin embargo, expertos en comercio internacional señalan que esta acusación carece de evidencia pública específica para la mayoría de los países incluidos. «No hay informes públicos de la USTR que vinculen a la UE o a Japón con prácticas de trabajo forzoso en cadenas de suministro exportadas a EE.UU.», afirmó Francesc Peirón, profesor de Derecho Internacional Económico en la Universidad Pompeu Fabra.
La Sección 301 como vía alternativa
Esta vez, la administración Trump no recurrió a declaraciones de emergencia nacional —como hizo en 2025—, sino a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que otorga al presidente poderes para responder a prácticas «irrazonables o discriminatorias». Pero el Tribunal Supremo ya había advertido en su sentencia de febrero que el uso abusivo de esta herramienta para imponer aranceles globales, sin evaluación país por país, viola la separación de poderes. «El Congreso no delegó al Ejecutivo la facultad de reescribir la política arancelaria unilateralmente», recordó entonces el juez Sonia Sotomayor en el fallo mayoritario.
Reacción institucional y riesgo de escalada
La Comisión Europea ha calificado la medida como «unilateral y desproporcionada». En una declaración emitida a las 08:12 horas del 24 de julio, su portavoz Eric Mamer anunció que Bruselas «activará inmediatamente los mecanismos de defensa comercial y evaluará contramedidas dentro de las 48 horas». Por su parte, el Ministerio de Comercio de China denunció «una nueva agresión proteccionista» y advirtió que «responderá con firmeza para proteger sus intereses legítimos».
Voces desde el Congreso
En Washington, senadores bipartidistas expresaron preocupación. «Esta orden ejecutiva no resuelve el problema legal: sigue ignorando la decisión del Supremo y pone en riesgo la estabilidad de las cadenas globales», dijo la senadora Maria Cantwell, presidenta del Comité de Comercio del Senado. Mientras, el representante Earl Blumenauer, miembro del Comité de Agricultura, alertó de que los aranceles podrían elevar los precios de productos como el aceite de oliva español, el vino francés y los cereales europeos, afectando a consumidores estadounidenses.
Antecedentes y contexto
- Febrero de 2026: El Tribunal Supremo de EE.UU. anula los aranceles «recíprocos» de Trump (hasta el 45%) por violar la Constitución. El fallo reafirma que el poder arancelario corresponde al Congreso, no al presidente.
- Marzo–junio de 2026: La USTR inicia una investigación acelerada bajo la Sección 301, sin audiencias públicas ni participación de los países afectados.
- 15 de julio de 2026: La Casa Blanca anuncia la nueva orden ejecutiva, citando «riesgos sistémicos derivados del trabajo forzoso».
- 24 de julio de 2026, 00:01 hora local: Entrada en vigor de los aranceles sobre 60 jurisdicciones.
La medida se produce en un contexto de creciente tensión comercial previo a las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2026. Según el Centro de Política Comercial Global, es la primera vez que la Sección 301 se aplica de forma simultánea a más de 50 países, lo que representa una expansión sin precedentes de su alcance. Expertos como Piergiorgio M. Sandri, analista de la Fundación Europea de Relaciones Internacionales, advierten que «esta estrategia no es sostenible jurídicamente ni económicamente: el riesgo de represalias coordinadas por la OMC es alto y creciente».
