La constructora Acciona se encuentra en el centro de una controversia tras la revelación de que un 30% de los trabajos facturados a la empresa Servinabar presentan irregularidades. Este hallazgo proviene de una auditoría interna que la compañía ha remitido al juzgado de la Audiencia Nacional, donde se investiga el denominado ‘caso Koldo’, relacionado con la presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas durante el mandato de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, entre 2018 y 2021. La auditoría, que abarca más de 150 páginas, detalla las anomalías en la facturación y las relaciones comerciales entre Acciona y 174 entidades vinculadas a figuras clave en la trama de corrupción.
### Contexto del Caso Koldo
El ‘caso Koldo’ ha captado la atención pública debido a las implicaciones de corrupción que involucran a varios exdirectivos de Acciona. Estos están siendo investigados por supuestos pagos de facilitación, comúnmente conocidos como mordidas, en el contexto de la adjudicación de contratos de obra pública. La auditoría interna ha puesto de manifiesto que la empresa Servinabar 2000 SL, dirigida por Antxon Alonso, fue uno de los principales proveedores de Acciona durante el periodo en cuestión, facturando casi siete millones de euros por servicios prestados en el marco de una Unión Temporal de Empresas (UTE) entre 2016 y 2025.
El informe forense destaca que de esta cantidad, aproximadamente 2,1 millones de euros, es decir, un 30% del total, presentan anomalías en el proceso de control. Estas irregularidades incluyen excepciones injustificadas en el proceso de compras, donde un volumen significativo de transacciones se realizó sin un pedido de compra asociado. Esto sugiere un posible abuso de la figura de ‘proveedor singular’, que permite adjudicaciones directas sin la debida justificación de la falta de competencia.
### Detalles de las Anomalías Encontradas
El informe de auditoría revela varios aspectos preocupantes sobre la relación entre Acciona y Servinabar. En primer lugar, se identificó que muchos de los pagos realizados a Servinabar no contaban con la acreditación necesaria para demostrar que los servicios habían sido efectivamente prestados. Por ejemplo, se descubrió que 18 informes de seguimiento y calidad que Servinabar había cobrado como trabajos propios eran, en realidad, consolidaciones de información elaboradas por Acciona. Esto plantea serias dudas sobre la transparencia y la legitimidad de los servicios facturados.
Además, el informe menciona métodos de pago anómalos por servicios que nunca se prestaron. Un caso particular es el de un bar en Pamplona, donde se pagaron facturas por servicios de comidas y eventos que nunca se llevaron a cabo. Este establecimiento ha sido señalado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como un posible canal para la canalización de fondos de la trama de corrupción.
La auditoría también ha puesto de relieve que, aunque todos los pagos a Servinabar se realizaron a través de vías bancarias rastreables, lo que indica que no hubo ocultamiento de los mismos, sí existieron indicios de división del gasto para eludir controles administrativos. Se encontraron pedidos de compra emitidos en las mismas fechas y para servicios similares, lo que sugiere una estrategia deliberada para evitar los límites de autorización establecidos por la empresa.
En el contexto de esta investigación, el juez ha autorizado el análisis de las cuentas bancarias de tres exdirectivos de Acciona que están siendo investigados en el caso. Estos directivos, Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, han sido objeto de escrutinio tras la revelación de que el 75% de los ingresos de Servinabar durante el periodo bajo sospecha provenían de obras adjudicadas en UTE con Acciona. Pelegrini, quien era responsable de Construcción en España, fue despedido en junio pasado por una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades.
El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha defendido la autonomía de Pelegrini en sus gestiones y ha negado la existencia de pagos de facilitación dentro de la compañía. Sin embargo, la auditoría interna ha sido una respuesta a las preocupaciones sobre la transparencia y la ética en la gestión de la empresa, buscando aclarar cualquier irregularidad que pudiera haber ocurrido.
La situación actual de Acciona plantea interrogantes sobre la cultura corporativa y los mecanismos de control interno que la empresa tiene implementados. La revelación de estas irregularidades no solo afecta a la reputación de la compañía, sino que también podría tener implicaciones legales significativas para los involucrados. A medida que avanza la investigación, será crucial observar cómo Acciona maneja esta crisis y qué medidas tomará para garantizar la transparencia y la integridad en sus operaciones futuras.
La auditoría y las investigaciones en curso son un recordatorio de la importancia de la ética en el sector de la construcción y la necesidad de mantener altos estándares de responsabilidad en la gestión de contratos públicos. La confianza del público en las instituciones y empresas se basa en la transparencia y la rendición de cuentas, y cualquier desvío de estos principios puede tener consecuencias duraderas tanto para las empresas como para los funcionarios involucrados.
