Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, negó rotundamente en el juicio cualquier financiación ilegal del PSOE. Desmintió las acusaciones de Víctor de Aldama sobre pagos ocultos, sobres de 25.000 euros y contactos con María Jesús Montero. Su declaración reforzó la defensa de la transparencia contable del partido, aunque dejó abiertas dudas sobre el uso de billetes de 500 euros en efectivo.
¿Negó Koldo García la financiación ilegal del PSOE?
Sí. García afirmó categóricamente: «El PSOE no coge dinero de nadie». Esta frase fue su respuesta directa a las declaraciones del comisionista Víctor de Aldama, quien había señalado supuestos flujos de fondos no declarados al partido. García no solo lo negó, sino que calificó esas afirmaciones como difamación injusta.
Su testimonio se alinea con la postura institucional del PSOE, pero contrasta con las conclusiones preliminares de la Unidad Central Operativa (UCO). La discrepancia no es solo verbal: implica distintas interpretaciones de la legalidad en la gestión de fondos partidarios y la contabilidad de gastos de representación.
¿Qué explicó sobre los billetes de 500 euros?
García admitió tener billetes de 500 euros, pero los justificó como parte de liquidaciones oficiales por gastos adelantados en su labor para la Secretaría de Organización del PSOE. Los llamó coloquialmente «chistorras», término que la UCO ya había identificado como jerga para esa denominación.
¿Eran legales esos pagos en efectivo?
Sí, según su versión. Aseguró que el PSOE le entregaba billetes de todo tipo, incluidos los de 500 euros, para reembolsar gastos de desplazamientos, logística y eventos. No los ocultó: los declaró como ingresos derivados de su actividad laboral.
Este punto es clave: la Ley de Financiación de Partidos Políticos permite reembolsos en efectivo si están debidamente justificados y contabilizados. El problema surge si faltan comprobantes o si los montos superan los umbrales de transparencia exigidos por la Ley Orgánica 8/2007.
¿Cómo justificó su patrimonio y los pisos a nombre de su hija?
García explicó que adquirió un piso a nombre de su hija menor —fruto de su relación con Patricia Uriz— para protegerla de futuras disputas hereditarias. Su hijo mayor, de 27 años y de otra relación, no mantiene contacto con él por decisión de la madre.
¿Fue una maniobra para ocultar activos?
No, según su versión. Lo hizo por seguridad jurídica, no por opacidad. Además, detalló que sus ingresos provienen de múltiples fuentes legítimas: sueldo ministerial, pensión, indemnización por atropello de un jabalí y rentas de pisos turísticos. Rechazó la calificación de «incremento patrimonial injustificado» por parte de la UCO.
¿Qué impacto tiene su testimonio en el marco económico y legal actual?
El caso trasciende lo personal: pone bajo lupa la gestión financiera de los partidos en un contexto de creciente exigencia ciudadana y control del Tribunal de Cuentas. En 2025, el 73 % de los partidos políticos españoles fueron sancionados por irregularidades contables menores, según datos del Ministerio del Interior.
Además, el uso de efectivo en partidos sigue siendo un foco de riesgo. La UE exige trazabilidad total en fondos públicos y privados desde la Directiva 2023/2721. España aún no ha adaptado su normativa nacional a ese estándar, lo que genera lagunas de supervisión.
Datos Clave
- García negó categóricamente la financiación ilegal del PSOE.
- Afirmó que los billetes de 500 euros eran reembolsos oficiales, no pagos ocultos.
- Justificó su patrimonio con ingresos legítimos: sueldo, pensión, indemnización y alquileres.
- El piso a nombre de su hija fue una decisión hereditaria, no una ocultación patrimonial.
- Su declaración choca con las conclusiones iniciales de la UCO, pero no contradice la normativa vigente si los gastos estaban justificados.
El juicio continúa el lunes con la declaración de José Luis Ábalos. Su testimonio será decisivo para esclarecer la cadena de decisiones, responsabilidades y controles internos en la financiación del partido. Mientras tanto, el caso refleja una tensión estructural: entre la flexibilidad operativa de los aparatos partidarios y la exigencia de transparencia absoluta en la era digital.
