La muerte de dos agentes de la Guardia Civil en una persecución a narcolanchas en Huelva ha reabierto el debate sobre la capacidad operativa del Estado frente al narcotráfico marítimo. Alberto Núñez Feijóo ha exigido la dimisión de Fernando Grande-Marlaska, acusándolo de incompetencia estructural y falta de respuesta ante una amenaza consolidada en el litoral andaluz.
¿Por qué la dimisión de Marlaska ha vuelto a plantearse tras la tragedia de Huelva?
La muerte de los agentes no es un suceso aislado. Es la segunda tragedia grave en menos de tres años en zonas costeras de Andalucía. En febrero de 2024, otros dos guardias civiles murieron en Barbate (Cádiz) tras ser embestidos por una narcolancha. El Senado, con mayoría del PP, ya aprobó una moción de censura contra Marlaska entonces.
El Gobierno no implementó las medidas exigidas: dotación de embarcaciones rápidas, radares costeros, personal especializado ni protocolos de coordinación interforzal. La inacción ha generado una brecha entre la legislación vigente y la realidad operativa.
¿Qué medidas concretas ha propuesto el PP para reforzar la seguridad marítima?
El Partido Popular ha presentado tres iniciativas legislativas clave:
Restitución del OCON-Sur
El Organismo de Coordinación del Narcotráfico Sur fue disuelto en septiembre de 2022. Su modelo integraba inteligencia, vigilancia marítima y acción judicial en tiempo real. Su desaparición dejó un vacío estratégico en la costa sur.
Declaración de zona de especial atención
Se exige que el Gobierno declare oficialmente la costa de Huelva, Cádiz y Málaga como zona de especial atención. Esto activaría fondos adicionales, incentivos salariales y permisos especiales para el personal desplegado.
Reforma de competencias de la Audiencia Nacional
Actualmente, muchos casos de narcotráfico marítimo se archivan por falta de competencia territorial. El PP propone ampliar la jurisdicción de la Audiencia Nacional para agilizar procesos y evitar impunidad.
¿Cuál es el impacto económico real del narcotráfico en la costa andaluza?
El tráfico de cocaína por vía marítima ha crecido un 68 % en Andalucía desde 2022, según datos de la Comisión Europea. Cada tonelada incautada representa entre 15 y 25 millones de euros en ingresos ilegales. Pero el costo oculto es mayor:
- Pérdida de inversión turística en municipios costeros.
- Sobrecarga del sistema judicial y penitenciario.
- Aumento de la violencia local vinculada al control de rutas de distribución.
La falta de inversión en prevención genera costos posteriores tres veces superiores a los de la dotación preventiva, según el Banco de España.
¿Qué marco legal actual impide una respuesta eficaz?
La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no contempla figuras como las narcolanchas de alta velocidad, cuya velocidad supera los 80 nudos. Tampoco regula la coordinación entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Armada en operaciones conjuntas.
Además, la Ley 12/2022 de Seguridad Marítima no asigna competencias claras para la persecución en aguas interiores ni en zonas de pesca artesanal. Esto genera vacíos operativos que los grupos criminales explotan sistemáticamente.
Datos Clave
- Más de 120 narcolanchas interceptadas en 2025 en el Golfo de Cádiz.
- El 73 % de los agentes desplegados en la costa sur carece de formación específica en persecución marítima.
- El OCON-Sur logró una tasa de incautación del 41 % en sus dos años de funcionamiento.
- Desde 2022, el presupuesto para medios náuticos de la Guardia Civil se redujo un 12 % en términos reales.
- La Audiencia Nacional asumió solo el 9 % de los casos de narcotráfico marítimo en 2025, pese a su competencia legal.
La crisis no es solo institucional. Es técnica, financiera y jurídica. La muerte de los agentes en Huelva no es un accidente. Es el síntoma de un sistema de seguridad que no se ha adaptado a la evolución del crimen organizado. La respuesta requiere más que declaraciones: exige reformas legislativas concretas, inversión sostenida y una estrategia coordinada entre todos los niveles del Estado.
