El Ayuntamiento de Badalona ha eliminado por completo un asentamiento de personas sin techo bajo el puente de la autopista C-31. Lo hizo primero con una operación de limpieza y desinfección, y luego con la instalación de veinte bloques New Jersey. La medida impide el acceso peatonal y vehicular. No hay alternativa habitacional inmediata para quienes vivían allí.
¿Por qué se instalaron bloques New Jersey bajo el viaducto de la C-31?
El consistorio justifica la instalación de los bloques como una medida de seguridad vial. Alega que la altura reducida del tramo inferior del viaducto dificulta el paso seguro de vehículos. Según fuentes municipales, ya hubo incidentes previos con coches que intentaron estacionar allí.
Sin embargo, el espacio sigue siendo usado como aparcamiento improvisado en otras zonas del mismo bajopuente. Esto genera dudas sobre la coherencia técnica de la medida.
¿Qué ocurrió con las personas que vivían bajo el puente?
Hasta el 24 de marzo, unas 50 personas, en su mayoría inmigrantes y algunos desalojados previamente del asentamiento del B9, ocupaban el lugar. No se ha informado de reubicación en albergues ni de acompañamiento social tras el desalojo.
La oposición municipal vincula directamente este tipo de intervenciones con el aumento de riesgos para personas sin hogar. En los últimos meses, se han registrado muertes relacionadas con la exposición climática y la falta de acceso a servicios básicos.
¿Cuál es el marco legal aplicable a estos desalojos?
El Real Decreto Legislativo 7/2015, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, exige garantizar el derecho a la vivienda antes de cualquier desalojo. También obliga a ofrecer alternativas habitacionales razonables. La Ley 19/2022 de Vivienda refuerza esta exigencia, especialmente en casos de vulnerabilidad extrema.
No hay constancia pública de que se hayan cumplido estos requisitos en el caso de Badalona.
¿Cuál es el impacto económico de estos desalojos sin alternativa?
El coste directo de instalar bloques New Jersey es bajo. Pero el impacto económico indirecto es alto: aumento de gastos en salud pública, intervenciones de emergencia y servicios sociales reactivos.
Un informe del Observatorio de la Vivienda de Cataluña (2025) estima que cada persona sin hogar cuesta al sistema público 12.400 € anuales en atención sanitaria y seguridad. Esto duplica el costo de una plaza estable en albergue o vivienda tutelada.
¿Qué dice el contexto actual sobre la gestión de la exclusión urbana?
Badalona forma parte de la primera ola de municipios que aplican soluciones de contención física —como barreras de hormigón— en lugar de políticas de inclusión. Esta tendencia se observa también en Barcelona, Girona y Valencia. El patrón responde a presiones vecinales, pero ignora los estándares de la Estrategia Nacional de Vivienda 2030.
- Los bloques New Jersey no son una solución habitacional, sino una medida de exclusión espacial
- No se ha activado el protocolo de emergencia social previsto en el Plan Municipal de Inclusión Social
- La Guardia Urbana está desplegada para vigilancia, no para acompañamiento o derivación a recursos
- El desalojo se ejecutó sin informe previo del Servicio de Atención a Personas Sin Hogar (SAPSH)
- No se ha publicado evaluación de impacto social ni seguimiento de las personas afectadas
Datos Clave
- El asentamiento bajo la C-31 albergaba a unas 50 personas, muchas de ellas migrantes en situación irregular
- El desalojo se realizó el 24 de marzo de 2026, bajo el pretexto de limpieza con productos tóxicos
- Los bloques New Jersey fueron instalados después de la limpieza, no como parte de ella
- El Ayuntamiento no ha informado de ninguna alternativa habitacional ofrecida
- La zona sigue siendo usada como aparcamiento en otros tramos del mismo viaducto
- No se ha activado el Protocolo de Urgencia Habitacional exigido por la Ley 19/2022
