La operación de adquisición de Banco Sabadell por parte de BBVA ha estado en el centro de atención del sector bancario español desde que se filtró la noticia de su interés por una fusión. Con el paso del tiempo, la situación ha evolucionado, y la incertidumbre en torno a la operación ha crecido, especialmente en lo que respecta a la respuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El contexto actual de la OPA se encuentra marcado por la presión del tiempo y las reacciones del mercado. Desde que BBVA presentó su oferta, el objetivo inicial del presidente Carlos Torres era que los accionistas de Sabadell pudieran votar sobre la propuesta en el otoño pasado. Sin embargo, la CNMC ha decidido extender el análisis a una segunda fase, lo que ha retrasado el proceso.
Recientemente, la CNMC lanzó un test de mercado para evaluar las condiciones que BBVA ha ofrecido para asegurar la competencia en el sistema financiero español, especialmente en lo que respecta al acceso al crédito para las empresas. Este procedimiento es crucial, ya que la CNMC ha dejado claro que no tiene intención de dilatar los plazos más allá de lo necesario, buscando emitir una resolución definitiva en menos de un mes.
Los plazos establecidos por la CNMC son estrictos. Una vez que se emita el dictamen, el Ministerio de Economía tendrá 15 días para llevarlo al Consejo de Ministros, que a su vez dispondrá de otros 30 días para pronunciarse sobre las medidas propuestas. Esta estructura de plazos podría extenderse si se solicitan más informes, lo que podría llevar a que la decisión sobre la OPA se retrase hasta después del verano.
En este contexto, la respuesta de Banco Sabadell al test de mercado es crucial. La entidad ha manifestado que considera las condiciones ofrecidas por BBVA como insuficientes, argumentando que estas solo benefician a las empresas que ya trabajan con ambas entidades. Desde Sabadell, se ha solicitado que la CNMC exija la segregación del negocio de pymes, lo que permitiría que un tercero gestionara este segmento, asegurando así una mayor competencia en el mercado.
Las condiciones propuestas por BBVA incluyen mantener las líneas de crédito y financiación para las pymes que operan con ambas entidades, así como extender estas medidas durante tres años, con la posibilidad de ampliarlas a cinco. Sin embargo, Sabadell ha señalado que estas medidas no abordan adecuadamente la cuestión estructural del acceso al crédito, ya que solo afectan a un pequeño porcentaje de las pymes en España.
La situación se complica aún más por las presiones externas. La patronal catalana, Foment de Treball, y sindicatos como CC OO y UGT han solicitado participar en el proceso, argumentando que su inclusión es esencial para garantizar una evaluación justa de la OPA. Estas reclamaciones han llevado a que el entorno de Sabadell exprese su descontento con la falta de consideración hacia las voces locales en el proceso de evaluación.
El Gobierno de España también ha mostrado reticencias hacia la operación, preocupándose por el impacto que podría tener en la cohesión territorial. Esta preocupación ha llevado a la CNMC a ser aún más rigurosa en su análisis, lo que podría resultar en un proceso más prolongado de lo inicialmente previsto.
En cuanto a la oferta de BBVA, actualmente se encuentra en una acción de canje de una acción de BBVA por 70 céntimos por cada 5,345 acciones de Sabadell. Sin embargo, si la OPA se retrasa, BBVA podría verse obligado a ajustar su oferta para tener en cuenta el pago de dividendos que Sabadell tiene previsto para agosto.
La situación actual refleja la complejidad del proceso de fusión en el sector bancario español, donde las decisiones no solo dependen de las entidades involucradas, sino también de las regulaciones y del entorno político. La OPA de BBVA a Sabadell es un claro ejemplo de cómo las dinámicas del mercado y las regulaciones pueden influir en el futuro de las instituciones financieras en España.
