Una explosión de gas en las obras de la estación de Plaça de Sants de la línea 5 del metro de Barcelona provocó una llamarada que ardió durante más de 12 horas, hasta su extinción este jueves a las 11:10. El incidente dejó ocho heridos, dos de ellos en estado grave, trasladados a los hospitales Vall d’Hebron y Clínic, según confirmó la Generalitat de Catalunya.
Una rotura oculta bajo la ciudad
El origen del siniestro fue la rotura de una tubería de gas ubicada en la zona de obras de accesibilidad y ascensores de la estación, actualmente cerrada al público. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) había cerrado el acceso desde la calle Galileu desde primera hora de la tarde, tras recibir un aviso de fuga en un conducto subterráneo.
Voces oficiales sobre la gestión del riesgo
Los Bombers de la Generalitat explicaron que la estrategia adoptada fue dejar quemar el gas controladamente, en lugar de intentar apagar la llama. «Extender el fuego de forma forzada podría haber generado acumulaciones de gas y nuevas deflagraciones», señaló un portavoz del cuerpo en rueda de prensa. Añadieron que las emisiones no superaron los umbrales de peligro para la salud, por lo que no se ordenó el desalojo de vecinos, aunque sí se recomendó no abrir ventanas ni encender dispositivos eléctricos.
Cronología crítica: desde el olor hasta la llamarada
- 16:00 h: Pasajeros reportan un olor persistente a gas en los accesos de la estación.
- 18:30 h: Equipos técnicos de TMB y Gas Natural Fenosa inician la localización de la fuga.
- 22:00 h: El gas se inflama y provoca una llamarada de más de 15 metros de altura, visible desde varios barrios de Sants-Montjuïc.
- 03:45 h (viernes): Se confirma el traslado de los ocho heridos, todos trabajadores de la obra o personal de seguridad.
- 11:10 h (viernes): La llamarada se extingue de forma natural tras agotarse el combustible.
Antecedentes y contexto
Este incidente se inscribe en una tendencia preocupante de accidentes en infraestructuras críticas de Barcelona. En los últimos 18 meses, se han registrado cuatro emergencias graves relacionadas con obras subterráneas: dos en la L9/L10 (2025), una en la estación de Zona Universitària (marzo 2026) y ahora la de Plaça de Sants. Según el Institut d’Estudis Catalans, el 62 % de las tuberías de distribución de gas en el área metropolitana de Barcelona superan los 45 años de antigüedad, y el 38 % carece de certificación de inspección técnica obligatoria desde 2023.
El Plan Director de Infraestructuras de TMB 2023–2030, aprobado por el Departament de Mobilitat de la Generalitat, prevé una inversión de 1.200 millones de euros en modernización de redes, pero reconoce retrasos en la actualización de los planos técnicos de instalaciones antiguas. «Muchas tuberías no aparecen en los mapas digitales oficiales», advirtió en junio el ingeniero Jordi Rovira, miembro del Col·legi d’Enginyers de Camins de Catalunya.
Respuesta institucional y demandas ciudadanas
El conseller de Mobilitat, Joan Subirats, anunció este viernes la creación de una comisión de investigación independiente, integrada por expertos del CSIC, la Universitat Politècnica de Catalunya y la Agència de Seguretat Industrial. También se activó el Fons de Suport als Veïns Afectats, que ofrecerá ayudas directas de hasta 3.000 euros por vivienda afectada por humos o daños estructurales.
Sin embargo, vecinos del barrio expresaron desconfianza. «Nos dijeron que no había peligro, pero el humo negro entró por las rejillas del ascensor durante tres horas», relató Marta Llorens, residente en la calle Sants desde hace 27 años. La Plataforma de Veïns de Sants, con más de 1.400 firmas, exige la publicación íntegra de los informes técnicos y la suspensión de todas las obras en zonas con redes de gas no georreferenciadas.
La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) ha solicitado una comparecencia urgente ante el Parlament de Catalunya, tras constatar que el permiso de obra de la estación no incluía evaluación de riesgo para redes vecinas de suministro. «No se cumplió el Reglamento de Distribución de Gas (RD 919/2006), que exige coordinación obligatoria entre empresas constructoras y distribuidoras», subrayó su secretaria general, Clara Rovira.
