En julio de 2026, España vive su tercera ola de calor del verano. Ya han muerto más de 1.000 personas en el país por temperaturas extremas, según datos preliminares del Instituto de Salud Carlos III. A nivel europeo, las altas temperaturas han causado más de 10.000 fallecimientos este año. El calor ya no es un inconveniente estacional: es una presión estructural sobre la economía, la salud pública y la gobernanza.
Un coste económico que rebasa lo contable
El impacto económico del exceso de calor se estima entre 30.000 y 40.000 millones de euros anuales, equivalente a más de dos puntos del PIB, según el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este no es un gasto puntual, sino un desgaste continuo: caída de la productividad laboral, pérdidas agrícolas, colapso de infraestructuras eléctricas y aumento de la demanda hospitalaria.
Voces técnicas: «No es solo sequía, es fallo sistémico»
«La sequía no es un fenómeno aislado. Es la punta del iceberg de una gestión hídrica obsoleta y una planificación territorial que ignora los escenarios climáticos actuales», afirma María José Martínez, ingeniera hidrológica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En 2025, los embalses españoles operaron al 38,2 % de su capacidad media, el nivel más bajo desde 1995, según datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Incendios forestales: síntoma de coordinación fallida
Los incendios, como el ocurrido en Guadalajara en junio de 2026, revelan una debilidad operativa profunda. Expertos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (SEPRONA) señalan que el 72 % de los grandes incendios se extinguen con retraso superior a las 90 minutos por falta de interoperabilidad entre los dispositivos autonómicos y el Mando Unificado Nacional.
Cronología crítica
- 12 de junio de 2026: Incendio en Villanueva de la Torre (Guadalajara). 12.400 hectáreas afectadas. 37 dotaciones desplegadas sin protocolo común de comunicación.
- 18 de junio: El Consejo de Ministros aprueba el Plan Estratégico Nacional contra Incendios, pero sin dotación presupuestaria vinculada.
- 21 de julio: El Tribunal de Cuentas advierte que el Consorci de la Zona Franca y otras entidades públicas no han ejecutado el 63 % de los fondos europeos destinados a adaptación climática.
Antecedentes y contexto
España ha sido señalada repetidamente por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) como uno de los países más vulnerables al cambio climático en la UE. Desde 2015, el número de días con alerta roja por calor ha aumentado un 140 %, según el Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La Ley antitabaco de 2011 o la reforma del Presupuesto General del Estado 2026, que asigna solo el 0,8 % del gasto público a adaptación climática, ilustran una priorización histórica desalineada con los riesgos reales. En contraste, países como Alemania y Francia destinan entre el 2,1 % y el 2,7 % de sus presupuestos a medidas de resiliencia térmica.
El retraso no es tecnológico, sino institucional. Mientras el Consorci de la Zona Franca impulsa proyectos de refrigeración urbana con fondos europeos, las comunidades autónomas carecen de marcos legales comunes para regular la construcción en zonas de riesgo térmico. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en 2021, aún no ha desarrollado su reglamento de adaptación obligatoria para municipios de más de 50.000 habitantes.
La política como obstáculo estructural
«Luchar contra el cambio climático no es una cuestión ideológica, sino de sentido común», declaró Luis de la Fuente, seleccionador nacional, en una entrevista reciente con EFE. Su metáfora deportiva resuena en un escenario donde la crispación política ha paralizado acuerdos clave: el Pacto por el Clima, propuesto por 12 comunidades autónomas en 2025, sigue sin firma del Gobierno central.
El Instituto de Derecho Ambiental de la Universidad de Barcelona advierte que la ausencia de un marco jurídico unificado para la gestión del calor extremo ha generado al menos 27 sentencias desfavorables a administraciones públicas entre 2022 y 2026, por negligencia en la protección de trabajadores al aire libre y personas mayores.
La cifra de 2,3 puntos del PIB —consensuada por el Banco de España, el INE y el CSIC— ya no es una proyección: es un costo contabilizado en los balances de 2025. Y seguirá creciendo si no se actúa con la escala, la urgencia y la coherencia que exige la evidencia científica.
