La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal especializada en el robo de cableado y materiales eléctricos en plantas fotovoltaicas de la provincia de Sevilla, tras una investigación iniciada en marzo de 2026. Cuatro personas han sido detenidas, dos de ellas ya en prisión preventiva, y se han recuperado 2 toneladas de cobre y 111.266 metros de cableado solar, según informó la Unidad Central Operativa (UCO) en un comunicado oficial del 20 de julio de 2026.
El perjuicio económico cuantificado supera los 300.000 euros, según el informe pericial elaborado por Energía Solar Andaluza SL, una de las empresas afectadas. Los daños no se limitaron al robo: los delincuentes destruyeron vallados perimetrales, desactivaron sistemas de alarma y cortaron líneas de tierra, poniendo en riesgo la integridad operativa de las instalaciones.
Modus operandi nocturno y alta especialización
Los investigados actuaban exclusivamente de noche, aprovechando la oscuridad y la dispersión geográfica de las plantas. Antes de acceder a las instalaciones, neutralizaban los sistemas de seguridad, incluidos sensores de movimiento y cámaras con alimentación independiente.
Voces de las empresas afectadas
«No es un robo esporádico. Es un ataque coordinado contra la transición energética», afirmó María Ruiz, directora de operaciones de SolarExtremadura Energía, cuya planta de Almadén de la Plata sufrió tres intrusiones entre abril y junio de 2026.
Según datos de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (UNEF), los robos de cobre en instalaciones solares han aumentado un 67 % en Andalucía desde 2024. El cobre, con un precio que supera los 8.200 euros por tonelada en el mercado europeo, es el principal objetivo.
Detención en flagrante y recuperación estratégica
La clave de la operación fue una interceptación en la N-IV, a la altura de El Ronquillo, donde los agentes sorprendieron a tres de los detenidos transportando dos toneladas de cobre limpio en una furgoneta sin documentación. La mercancía estaba lista para ser vendida a un desguace de Dos Hermanas, según reveló la investigación.
Cronología clave
- 12 de marzo de 2026: Primera denuncia formal por robo en planta de SolarValle del Guadalquivir.
- 28 de abril: Robo masivo en planta de Fuentes de Andalucía, con daños en 17 inversores y 2.410 metros de cable de tierra sustraídos.
- 15 de junio: La UCO identifica a los cuatro sospechosos tras análisis de cámaras de tráfico y rastreo de llamadas.
- 19 de julio: Operativo simultáneo en tres localidades: Sevilla capital, Écija y Utrera, con cuatro detenciones y 12 allanamientos.
Antecedentes y contexto
Este caso forma parte de una escalada nacional de delitos contra infraestructuras energéticas renovables. En 2025, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) alertó sobre un aumento del 42 % en robos de materiales críticos en parques solares y eólicos. El Real Decreto 235/2013, modificado por la Ley 7/2021 de Cambio Climático, obliga a las empresas a garantizar la protección física de sus instalaciones, pero no establece sanciones específicas para los responsables de los robos.
En Badajoz, en mayo de 2026, la Guardia Civil incautó 33 toneladas de armas en dos naves vinculadas a redes de tráfico de materiales estratégicos, lo que evidencia la convergencia entre delincuencia organizada y mercados ilegales de recursos industriales.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el robo de cobre representa ya el 18,3 % de los delitos contra el patrimonio industrial, superando al robo de metales no ferrosos en general. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la calificación de los hechos como delito continuado contra la propiedad industrial, con agravante de perturbación del servicio público energético.
- El cobre sustraído en Sevilla equivaldría a la producción anual de 12.000 paneles solares.
- Las plantas afectadas suman una potencia instalada de 42 MW, suficiente para abastecer a 35.000 hogares.
- La investigación sigue abierta contra otras tres personas bajo sospecha de encubrimiento y blanqueo.
La operación refleja una nueva frontera delictiva: la explotación de la vulnerabilidad de las infraestructuras verdes en expansión. Mientras el Gobierno impulsa el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2030), las redes criminales adaptan sus tácticas a la geografía de la transición energética.
