La Oficina Antifrau de Catalunya ha exigido al Consell Comarcal del Maresme una revisión inmediata del proceso de contratación de la directora del Área de Gobernança, Transparència i Serveis Interns. La medida responde a hallazgos concretos sobre el incumplimiento de requisitos legales de acceso al puesto. El caso afecta directamente a la gestión del vicepresidente Francesc Alemany (ERC) y pone en tela de juicio la integridad de los procesos selectivos en entidades locales.
¿Qué irregularidades detectó la Oficina Antifrau en la contratación?
Antifrau identificó una falla crítica: la falta de verificación objetiva de la experiencia mínima exigida. Las bases de la convocatoria establecían como requisito alternativo al perfil A1 tener cinco años de experiencia en puestos técnicos o directivos, ya sea en el sector público o privado.
La candidata no acreditó su experiencia con pruebas válidas
La aspirante presentó únicamente certificados de colegiación como abogada y una declaración responsable en la que afirmaba ejercer la profesión a tiempo parcial (20 horas semanales), simultáneamente a un empleo a jornada completa. Antifrau considera insuficiente esa acreditación para cumplir el requisito de cinco años efectivos y continuados.
¿Por qué afecta esto a la transparencia institucional?
Este caso no es un error administrativo aislado. Revela una brecha en los controles internos del Consell Comarcal. La falta de verificación cruzada de documentos —como nóminas, contratos o informes de organismos competentes— socava la credibilidad de los procesos de selección. Además, el área afectada gestiona temas sensibles: transparencia, gobernanza y servicios internos. Su titular debe cumplir estándares éticos superiores.
El marco legal exige rigor en la evaluación de méritos
El Decreto 112/2021, de régimen jurídico de los empleados públicos de la Generalitat, exige que los órganos de selección valoren objetivamente la experiencia aportada. No basta con declaraciones unilaterales. La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado procesos similares por idénticas deficiencias.
¿Cuál es el impacto económico y reputacional para el Maresme?
El Consell Comarcal gestiona anualmente más de 120 millones de euros. Cualquier duda sobre la idoneidad de sus directivos afecta la confianza de los ayuntamientos asociados y de los ciudadanos. Además, el caso coincide con la suspensión de la licitación del proyecto Eurovelo en la comarca, también por presuntos amaños entre empresas. Ambos hechos alimentan una percepción de debilidad en la supervisión de contratos públicos.
La economía local depende de la credibilidad institucional
Inversiones en infraestructuras ciclistas, digitalización de servicios o programas sociales requieren certeza jurídica. Si los procesos de selección y contratación se cuestionan, los fondos europeos —como los del Fondo de Transición Justa o los del Plan de Recuperación— podrían verse restringidos por auditorías posteriores.
¿Qué dice el presidente del Consell Comarcal?
Rafa Navarro (Junts) afirmó que el proceso se realizó con “absoluta transparencia” y calificó las observaciones de Antifrau como “cálculos erróneos”. Sin embargo, no aportó pruebas documentales que desmientan la conclusión de la oficina fiscalizadora. Tampoco explicó por qué no se solicitó documentación complementaria —como certificados de vida laboral o informes de la Seguridad Social— durante la fase de valoración.
La respuesta institucional debe ir más allá de la defensa verbal
La Ley 19/2014 de transparencia exige que las entidades públicas actúen con lealtad institucional, no solo con formalidad. Revisar el expediente de oficio, publicar los criterios de valoración aplicados y abrir un canal de información al ciudadano son pasos obligados, no opcionales.
Datos Clave
- La Oficina Antifrau depende directamente del Parlament de Catalunya, con autonomía funcional y presupuestaria.
- El área afectada gestiona el Plan de Transparencia Comarcal, el sistema de información de contratos y los protocolos de prevención de conflictos de interés.
- La candidata no presentó certificados de vida laboral, nóminas ni informes de organismos oficiales que acreditaran su experiencia.
- El proceso selectivo se realizó bajo el régimen de concurso-oposición abierta, con participación de empleados públicos y ciudadanos externos.
- La resolución de Antifrau es vinculante: el Consell Comarcal debe actuar en un plazo máximo de 15 días hábiles.
El caso trasciende lo local. Refleja una tensión creciente entre la agilidad administrativa y el rigor legal en la gestión pública. En un contexto de creciente escrutinio ciudadano y fiscalización europea, la mera ausencia de fraude no basta: se exige demostrabilidad, trazabilidad y reproducibilidad de cada decisión.
