El Ayuntamiento de Badalona ha aprobado la creación de 50 nuevas plazas para la Guardia Urbana, elevando su plantilla a 356 agentes. La medida forma parte de una estrategia de seguridad basada en la proximidad, la prevención y la convivencia urbana. El coste estimado supera los tres millones de euros anuales, y su implementación se produce sin previsión presupuestaria inicial para 2026.
¿Por qué Badalona amplía su Guardia Urbana ahora?
La decisión responde a una presión acumulada por la insuficiencia estructural de la plantilla. Según el Ayuntamiento, la cifra ideal —calculada por habitante— es de 376 efectivos. La actual brecha de 20 plazas se suma a una tasa de rotación elevada, derivada de traslados tras la formación financiada por el consistorio.
El alcalde Xavier García Albiol vinculó la medida a una reducción comprobada de la delincuencia urbana. Sin embargo, no se presentaron datos oficiales de evolución estadística en el pleno.
El nuevo intendente impulsa el cambio
El recién nombrado intendente de la Guardia Urbana ha elaborado informes técnicos solicitando refuerzos. Su enfoque prioriza la gestión de conflictos cotidianos, la mediación vecinal y la coordinación con servicios sociales —no solo el control de infracciones.
¿Cómo afecta esta ampliación al modelo de seguridad local?
La propuesta apuesta por un giro desde la policía reactiva hacia una policía preventiva y comunitaria. Esto implica redefinir funciones, reasignar zonas de patrullaje y reforzar la formación en gestión emocional, derechos humanos y atención a vulnerabilidad.
No obstante, el pleno no aprobó un plan operativo concreto. Faltan definiciones sobre horarios, perfiles técnicos requeridos o criterios de asignación territorial.
La crítica al procedimiento presupuestario
Varios grupos municipales señalaron que la ampliación se aprobó en un pleno extraordinario, meses después de la aprobación de los presupuestos municipales de 2026, donde no figuraba esta partida. Esto genera dudas sobre la sostenibilidad financiera y la transparencia en la planificación.
¿Qué marco legal regula la creación de plazas en la Guardia Urbana?
La competencia para crear plazas corresponde al Ayuntamiento, pero debe respetar la Ley 5/2014 de Policía Local de Cataluña, que exige:
- Evaluación previa de necesidades reales de seguridad.
- Adecuación al Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana.
- Cumplimiento de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, especialmente en procesos de selección.
Además, la Ley Orgánica 2/2016 exige que los cuerpos locales garanticen la independencia funcional y la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
La sombra de la querella judicial
Paralelamente, una querella por falsedad documental contra varios mandos de la Guardia Urbana está admitida a trámite. Aunque no vinculada directamente a la ampliación, su existencia cuestiona la capacidad de gobernanza interna, un factor clave para la credibilidad del nuevo modelo.
¿Cuál es el impacto económico y social real?
La ampliación tiene tres dimensiones clave:
- Económica: Tres millones de euros anuales representan el 1,2 % del presupuesto municipal. Incluye salarios, formación, equipamiento y mantenimiento de vehículos.
- Social: Mayor presencia en barrios con alta densidad y diversidad —como La Salut o Pomar— puede mejorar la percepción de seguridad, pero solo si se acompaña de canales de participación ciudadana.
- Institucional: Refuerza la autonomía operativa del cuerpo, pero exige mecanismos claros de rendición de cuentas ante la ciudadanía y el Pleno.
Datos Clave
- La plantilla pasará de 306 a 356 agentes, con un objetivo final de 376.
- El coste estimado es de 3 millones de euros anuales, sin partida previa en los presupuestos de 2026.
- La regidora de Recursos Humanos, Eva Guillén, vinculó la medida a la necesidad de una policía “más próxima, más presente y más útil”.
- Guanyem se abstuvo en la votación; el resto de grupos votó a favor.
- Una querella por falsedad documental contra mandos de la Guardia Urbana está admitida a trámite.
- El nuevo modelo no incluye aún un plan operativo público ni cronograma de implementación.
