La no deflactación del IRPF generó 2.294 millones de euros adicionales en 2025. El Estado ingresó 1.137 millones y las comunidades autónomas, 1.157 millones. Esta cifra representa el 0,14% del PIB. El dato es oficial: aparece en el Informe de Progreso Anual enviado por el Ministerio de Economía a la Comisión Europea. No es un efecto secundario. Es una decisión fiscal explícita con impacto directo en los bolsillos de los contribuyentes.
¿Qué significa la no deflactación del IRPF?
La no deflactación implica que las bases imponibles, los tramos del IRPF y las deducciones no se ajustan anualmente a la inflación. Los salarios suben, pero los umbrales tributarios permanecen fijos. Así, más trabajadores entran en tramos superiores. Esto provoca un aumento automático de la presión fiscal: el llamado efecto arrastre.
Este mecanismo no es nuevo. Pero su impacto se ha intensificado desde 2022. La inflación acumulada superó el 12% entre 2022 y 2025. Sin embargo, los tramos del IRPF no se actualizaron ni una sola vez en ese periodo.
¿Por qué no se actualizan los tramos del IRPF?
El Gobierno argumenta que la actualización requeriría una reforma fiscal que no cuenta con apoyo parlamentario. El PP, Junts y el PNV han reclamado la deflactación. Pero no hay mayoría para aprobarla. En su lugar, se priorizaron medidas puntuales: subidas de impuestos y nuevas figuras tributarias.
¿Cuánto recauda España con las reformas fiscales puntuales?
El Gobierno ha implementado cambios fiscales que generan 6.200 millones anuales. Esto equivale al 0,39% del PIB. Entre ellos destacan:
- La subida del Impuesto sobre Sociedades para grandes empresas.
- La creación de la tasa digital.
- La ampliación del Impuesto sobre el Patrimonio a más patrimonios.
- La modificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en varias comunidades.
Estas medidas, sumadas a la no deflactación del IRPF, permiten a España cumplir su compromiso con Bruselas: alcanzar un incremento estructural de ingresos del 0,4% del PIB.
¿Qué dice el marco legal europeo?
La Comisión Europea exige a los Estados miembros que garanticen la sostenibilidad fiscal. España justifica su política tributaria como una respuesta a la necesidad de consolidar las finanzas públicas tras la crisis energética y la guerra en Ucrania. El informe remitido a Bruselas no es voluntario: forma parte del Semestre Europeo.
¿Qué impacto tiene esto en los ciudadanos?
El efecto es progresivo pero silencioso. Un trabajador que ganaba 32.000 euros en 2022 pagaba IRPF en el tramo del 24%. En 2025, con el mismo salario nominal, su renta real bajó un 10,3%. Pero su cuota tributaria subió un 18,7%, porque su base imponible se desplazó al tramo del 30%.
Esto afecta especialmente a:
- Trabajadores asalariados con salarios medios y altos.
- Autónomos cuyos ingresos se ajustan a la inflación pero no a los tramos fiscales.
- Pensionistas con pensiones no revalorizadas al 100% del IPC.
¿Hay alguna reducción fiscal real?
Sí. La única medida de alivio significativa es la reducción del Impuesto sobre Sociedades para pymes y micropymes, con un tipo efectivo del 15% para los primeros 300.000 euros de beneficio. Pero su alcance es limitado: solo beneficia al 12% de las empresas tributantes.
¿Qué propuestas hay para 2026?
El Gobierno ha anunciado que estudiará una actualización parcial de los tramos del IRPF en 2026. Pero no será automática ni anual. Dependerá de la evolución del IPC y de los márgenes presupuestarios. Junts y el PNV exigen una ley de deflactación obligatoria. El PP propone vincular los tramos al IPC con un tope del 2% anual.
Datos Clave
- La no deflactación del IRPF generó 2.294 millones en 2025.
- El impacto total sobre el PIB fue del 0,14%.
- Las reformas fiscales puntuales aportan 6.200 millones anuales.
- El compromiso con Bruselas es alcanzar el 0,4% del PIB en ingresos adicionales.
- Solo el 12% de las pymes se beneficia de la reducción del Impuesto sobre Sociedades.
- El efecto arrastre afecta a más del 38% de los contribuyentes con rentas entre 24.000 y 55.000 euros.
Tridimensionalmente, la no deflactación del IRPF no es solo un tema técnico. Es un fenómeno económico que redistribuye ingresos sin debate parlamentario. Es un desafío legal porque choca con principios de capacidad contributiva y equidad. Y es una práctica cotidiana que redefine el poder adquisitivo de millones de familias españolas.
