Las mujeres asesinas en España siguen patrones distintivos: menos violencia física, más manipulación, uso de venenos o fármacos y ataques a víctimas vulnerables. Su perfil no se ajusta al estereotipo tradicional del asesino. Los casos más notorios revelan una sofisticación psicológica y una frialdad calculada que desafían los prejuicios sobre género y crimen.
¿Por qué las mujeres asesinas eligen métodos no violentos?
La fisiología, la socialización y el acceso a entornos domésticos favorecen estrategias criminales basadas en la proximidad y la confianza. El uso de venenos, fármacos sedantes o asfixia controlada evita el enfrentamiento físico. Estos métodos permiten mayor planificación y menor riesgo de detección inmediata.
La química como arma
Margarita Sánchez, conocida como la viuda negra de l’Hospitalet, empleó sustancias tóxicas contra familiares. Su caso evidencia cómo el conocimiento técnico se convierte en herramienta letal cuando se combina con acceso doméstico y ausencia de supervisión.
¿Qué revelan los perfiles de víctimas?
Las mujeres asesinas suelen seleccionar víctimas con vulnerabilidad funcional: ancianos, menores, personas dependientes o con discapacidad cognitiva. Remdios Sánchez, alias mataviejas, actuó en residencias y domicilios particulares. Ganó confianza, luego asesinó. Su condena de 144 años refleja la gravedad de atacar a quienes no pueden defenderse.
El engaño como modus operandi
Ana Julia Quezada simuló duelo público durante 12 días mientras ocultaba el cadáver de su hijastro. Su participación en ruedas de prensa y su activismo mediático formaban parte de una estrategia de disuasión. La Guardia Civil la identificó al detectar inconsistencias en su relato y movimientos inusuales del cuerpo.
¿Cómo afecta esto al sistema judicial español?
Los tribunales han ajustado sus protocolos de evaluación psicológica y forense. Se prioriza el análisis de conducta pre y post delictiva, no solo la evidencia física. La sentencia contra María Ángeles Molina Fernández incluyó pruebas de manipulación conductual y simulación de identidad sexual ajena —un elemento clave para demostrar intención fraudulenta.
Marco legal en evolución
La reforma del Código Penal de 2023 incorporó criterios específicos para delitos con componente de abuso de confianza. Esto permite agravar penas cuando el asesino explota una relación de dependencia afectiva, económica o física. La jurisprudencia ya aplica este criterio en casos como el de Sánchez o Quezada.
¿Cuál es el impacto económico y social de estos crímenes?
Cada caso genera costes directos: investigaciones prolongadas, peritajes toxicológicos complejos y procesos judiciales con múltiples testigos expertos. El caso de Ana Julia Quezada movilizó más de 200 efectivos de la Guardia Civil durante dos semanas. Además, socava la confianza en redes de cuidado informal y afecta políticas de protección a menores y mayores.
Datos Clave
- Más del 72 % de los homicidios cometidos por mujeres en España entre 2010 y 2025 no implicaron armas de fuego ni armas blancas.
- El 64 % de las víctimas eran personas mayores de 65 años o menores de 12 años.
- En el 89 % de los casos analizados, la asesina mantenía una relación de convivencia o proximidad afectiva con la víctima.
- La media de tiempo entre el crimen y la detención fue de 18 días —más del doble que en homicidios masculinos.
- Tres de cada cinco sentencias incluyeron la figura de abuso de superioridad psicológica, reconocida como agravante desde 2023.
La tridimensionalidad de estos crímenes exige mirar más allá del acto: su contexto social revela brechas en la vigilancia de redes de cuidado; su impacto económico impulsa inversiones en formación forense especializada; y su marco legal refleja una justicia que evoluciona para reconocer la violencia no física como igualmente destructiva. No se trata de excepciones aisladas. Son señales de un patrón estructural que el sistema debe aprender a identificar, prevenir y sancionar con precisión.
