La reciente propuesta del Ministerio de Igualdad en España para abordar la prostitución ha generado un intenso debate en la sociedad. La ministra Ana Redondo ha presentado una iniciativa que busca incluir penas de prisión para aquellos que obtienen beneficios económicos al prestar inmuebles para la prostitución. Esta medida, que se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por «abolir» la prostitución, ha suscitado tanto apoyo como críticas, especialmente en relación con la familia del presidente Pedro Sánchez, quien ha sido vinculado a este tema debido a la historia de su suegro en el negocio de la prostitución.
La figura jurídica conocida como «tercería locativa» es el eje central de esta propuesta. Históricamente, esta figura estuvo presente en el Código Penal español desde la época franquista hasta su reforma en 1995. La definición de tercería locativa abarca a cualquier persona que, sabiendo que se ejerce la prostitución en un local, participe en su financiación o gestión. Esto implica que no solo se penalizaría a quienes ejercen la prostitución, sino también a aquellos que se benefician de ella indirectamente.
### Contexto Histórico y Legal de la Prostitución en España
La prostitución en España ha sido un tema controvertido y complejo, con diversas posturas que van desde la abolición total hasta la regulación. La propuesta actual del Ministerio de Igualdad busca recuperar la tercería locativa, que se había intentado reinstaurar en 2022 durante la tramitación de la ley del «solo sí es sí». Sin embargo, esa enmienda fue retirada debido a la falta de apoyo de otros grupos políticos.
El artículo 187 del Código Penal establece actualmente penas de prisión de dos a cuatro años para quienes se lucran explotando la prostitución de otra persona, incluso con su consentimiento. La nueva propuesta podría aumentar estas penas, lo que ha llevado a un debate sobre la efectividad y la ética de tales medidas. La ministra Redondo ha enfatizado la necesidad de penalizar a quienes convierten la prostitución en un negocio lucrativo, argumentando que es fundamental proteger a las personas en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, la propuesta ha sido recibida con escepticismo por parte de algunos sectores. La secretaria general del sindicato de prostitutas Otras, Mónica Martín, ha calificado la tercería locativa como una forma de «violencia institucional» que atenta contra el libre ejercicio de la actividad sexual. Este sindicato aboga por derechos laborales y la posibilidad de que las trabajadoras sexuales puedan cotizar a la Seguridad Social, en lugar de ser criminalizadas.
### La Prostitución en la Era Digital
Otro aspecto relevante de la nueva ley es la intención de abordar la prostitución en internet. Con el auge de plataformas digitales, muchas trabajadoras sexuales han migrado a espacios en línea, lo que complica la regulación y el control de esta actividad. Un estudio reciente del Ministerio de Igualdad estima que entre 152,735 y 184,234 mujeres podrían estar en situación de prostitución en España, con un porcentaje significativo de ellas operando en la red.
La dificultad para regular la prostitución en línea radica en la diversidad de plataformas y métodos que utilizan las trabajadoras para ofrecer sus servicios. Desde anuncios en redes sociales hasta aplicaciones de mensajería, las trabajadoras han encontrado formas de eludir la regulación vigente. Esto ha llevado a expertos en derecho digital a señalar que, para prohibir el proxenetismo en internet, es necesario establecer criterios claros sobre quiénes están en situación de explotación y quiénes ejercen su actividad de manera voluntaria.
La ministra Redondo ha declarado que el Gobierno está comprometido en perseguir el proxenetismo en línea, pero los detalles específicos de cómo se implementará esta regulación aún no se han hecho públicos. La preocupación por la explotación sexual y la trata de personas es un tema central en este debate, y muchos abogan por una regulación que proteja a las trabajadoras sexuales sin criminalizarlas.
En resumen, la propuesta del Ministerio de Igualdad para abordar la prostitución en España es un intento de equilibrar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad con el respeto a los derechos de quienes eligen ejercer esta actividad. Sin embargo, la controversia en torno a la figura de la tercería locativa y la regulación de la prostitución en internet plantea desafíos significativos que el Gobierno deberá enfrentar en los próximos meses.
