La reciente decisión de Junts de presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Gobierno español para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha generado un nuevo escenario en el ámbito político y laboral del país. Esta iniciativa, que busca mejorar las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los empleados, se enfrenta a la resistencia de la formación catalana, que argumenta que la propuesta perjudica a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Cataluña.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha sido clara en sus declaraciones, afirmando que no pueden apoyar una ley que, según ellos, ha sido elaborada por los sindicatos españoles y que va en contra de los intereses de los trabajadores de las pymes catalanas. Esta postura se enmarca dentro de un contexto de tensiones entre Junts y los sindicatos, que han intercambiado críticas en las últimas semanas. La situación se ha intensificado tras los comentarios del secretario general de CC.OO., Unai Sordo, quien calificó a Junts de «más inútil que la última rebanada de pan Bimbo», lo que provocó una fuerte reacción por parte de la formación política.
La enmienda a la totalidad presentada por Junts representa un obstáculo significativo para el proyecto de ley, que ya ha tenido un recorrido complicado desde su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado 6 de mayo. A pesar de que el Gobierno ha intentado avanzar en la tramitación del proyecto en el Congreso, actualmente no cuenta con los votos necesarios para su aprobación. La enmienda de Junts será sometida a votación en un próximo pleno, programado para julio o septiembre, y su aprobación podría significar el fin del proyecto de ley, mientras que su rechazo abriría la puerta a la presentación de enmiendas parciales.
La situación es delicada, ya que los votos de Junts, junto con los del PP y Vox, son suficientes para rechazar la propuesta. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo se mantiene la esperanza de llegar a un acuerdo, y están dispuestos a ofrecer ayudas a las pymes para facilitar la implementación de la nueva jornada laboral. A pesar de esto, parece poco probable que las subvenciones sean suficientes para cambiar la postura de Junts, que se encuentra bajo presión de organizaciones empresariales como Foment, que han manifestado su oposición a la medida.
### Los elementos clave del proyecto de ley
El proyecto de ley que propone la reducción de la jornada laboral incluye varios elementos fundamentales. En primer lugar, establece la jornada de 37,5 horas semanales, un cambio que busca mejorar la conciliación laboral y personal de los trabajadores. En segundo lugar, se propone la creación de un registro horario telemático, que será accesible para la inspección de Trabajo, con el objetivo de sustituir el sistema actual, que ha sido considerado ineficaz. Por último, el proyecto también garantiza el derecho a la desconexión digital, un aspecto cada vez más relevante en un mundo laboral cada vez más digitalizado.
Sin embargo, si la enmienda de Junts prospera y el proyecto de ley se ve frustrado, el Ministerio de Trabajo ya ha elaborado un plan B. Este plan contempla la implementación del registro horario, una medida que no requiere aprobación parlamentaria y que podría ser aprobada directamente por el Consejo de Ministros. Esta alternativa podría permitir al Gobierno avanzar en la regulación del tiempo de trabajo, incluso si la reducción de la jornada laboral no se lleva a cabo.
La situación actual pone de manifiesto las tensiones entre el Gobierno, los sindicatos y las formaciones políticas, así como la complejidad de la negociación en torno a la regulación laboral en España. La resistencia de Junts a la reducción de la jornada laboral refleja no solo una postura política, sino también una preocupación por el impacto que esta medida podría tener en el tejido empresarial catalán. A medida que se acercan las fechas de votación, el debate sobre la jornada laboral y las condiciones de trabajo en España seguirá siendo un tema candente en la agenda política y social del país.
