La reciente decisión del juez Juan Carlos Peinado de mantener la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha generado un gran revuelo en el ámbito político y judicial. En un auto emitido el 5 de noviembre de 2025, el magistrado ha rechazado la solicitud de la Fiscalía de sobreseer la causa, argumentando que existen indicios «sólidos» que justifican la imputación de Gómez por varios delitos graves. Esta situación no solo afecta a Gómez, sino que también ha llevado a la imputación de Judith Alexandra González Pedraz, actual secretaria general de Presidencia, quien deberá comparecer ante el juez en los próximos días.
### Delitos Imputados a Begoña Gómez
La imputación de Begoña Gómez incluye cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos. El juez Peinado ha fundamentado su decisión en la existencia de indicios claros y homogéneos que apuntan a la culpabilidad de Gómez en estos delitos. En particular, el magistrado ha hecho referencia a la sentencia del procés, dictada por el Tribunal Supremo, para explicar la naturaleza del delito de malversación. Según Peinado, la deslealtad en la administración de fondos públicos es el eje central de este delito, independientemente de si se causa un perjuicio económico directo.
El caso ha suscitado un gran interés mediático, no solo por la figura de Begoña Gómez, sino también por las implicaciones que tiene en la administración pública y la política española. La investigación ha puesto en tela de juicio la transparencia y la ética en el uso de fondos públicos, un tema que ha sido objeto de debate en múltiples ocasiones en el ámbito político.
Además de Gómez, otros implicados en la causa incluyen a su asesora María Cristina Álvarez Rodríguez, el empresario Juan Carlos Barrabés y el ex secretario general de Presidencia, Francisco Martín Aguirre. La inclusión de estos nombres en la investigación sugiere que el caso podría tener ramificaciones más amplias, lo que podría llevar a un escrutinio más profundo de las actividades de la administración pública.
### Citación de Judith Alexandra González Pedraz
La situación se complica aún más con la citación de Judith Alexandra González Pedraz, quien ha sido convocada por el juez para el 12 de noviembre. Durante esta comparecencia, se le informará sobre los hechos que se le imputan, y tendrá la oportunidad de ser escuchada en calidad de investigada por el delito de malversación de caudales públicos. Esta citación es un paso significativo en la investigación, ya que podría arrojar luz sobre la implicación de González Pedraz en los presuntos delitos que se están investigando.
El juez ha solicitado a Moncloa las agendas de Begoña Gómez y de Cristina Álvarez para que sean analizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este análisis podría ser crucial para determinar la naturaleza de las interacciones y decisiones que llevaron a los presuntos delitos. La UCO es conocida por su experiencia en la investigación de casos de corrupción y malversación, lo que añade un nivel adicional de seriedad a la situación.
La decisión del juez de no sobreseer la causa y de continuar con la investigación refleja un compromiso con la justicia y la rendición de cuentas en la administración pública. En un momento en que la confianza en las instituciones está siendo puesta a prueba, este caso podría tener un impacto significativo en la percepción pública del Gobierno y de su capacidad para gestionar los asuntos públicos de manera ética y transparente.
La investigación sigue su curso, y se espera que en los próximos días se produzcan más desarrollos que podrían cambiar el rumbo de este caso. La atención mediática y pública sobre el mismo es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio del poder, especialmente en tiempos en que la ciudadanía demanda mayor claridad y honestidad de sus líderes. La situación de Begoña Gómez y Judith Alexandra González Pedraz es un claro ejemplo de cómo las acciones de los funcionarios públicos pueden tener repercusiones significativas en la confianza del público y en la integridad de las instituciones democráticas.
