La sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2026 ha reabierto el debate sobre la estabilidad laboral de los interinos en la Administración Pública. Más de 900.000 trabajadores siguen en contratos temporales, muchos desde hace más de una década. La ley establece un límite de tres años para la interinidad, pero la práctica lo ignora sistemáticamente. Esta decisión no otorga fijeza automática, pero sí exige transparencia, control y responsabilidad institucional.
¿Qué cambia con la nueva sentencia del Tribunal Supremo?
La sentencia TS 1247/2026 no reconoce el derecho a la fijeza automática, pero sí obliga a las administraciones a justificar cada prórroga. El Supremo exige que los procesos selectivos cumplan con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Si un interino ha superado una oposición válida y homologada, su situación cambia radicalmente.
El fallo también invalida los nombramientos que se repiten cada dos meses sin causa justificada. Esto afecta directamente a perfiles como el de Fernando Casamayor, tramitador procesal con 21 años de servicio y cientos de contratos temporales.
¿Quiénes pueden acceder a la estabilidad tras la sentencia?
No todos los interinos tienen el mismo derecho. La sentencia distingue con claridad entre dos grupos:
- Los que han superado un proceso selectivo específico para el puesto que desempeñan.
- Los que han sido contratados bajo figuras genéricas, como bolsas de empleo sin convocatoria formal o listas de espera no homologadas.
Solo el primer grupo puede invocar la vulneración del derecho a la estabilidad. El segundo debe esperar nuevas convocatorias o reformas legales.
¿Qué pasa con los contratos sucesivos de menos de tres años?
La jurisprudencia ya había establecido que la repetición de contratos cortos para el mismo puesto constituye fraude de ley. Ahora, el Tribunal Supremo refuerza ese criterio. Cada renovación debe tener causa objetiva: baja médica, traslado, vacante temporal. No basta con una mera formalidad administrativa.
¿Qué papel juega la Ley de Presupuestos Generales del Estado?
La LPG 2026 incluye una cláusula de estabilización progresiva, que obliga a las administraciones a convocar al menos un 30 % de las plazas vacantes para interinos con más de cinco años de servicio. Esta medida no es automática, pero sí vinculante. Su incumplimiento puede derivar en sanciones presupuestarias.
¿Cuál es el impacto económico y legal real?
La interinidad crónica cuesta al Estado más de 1.200 millones de euros anuales en gastos de gestión, duplicidad de funciones y litigios. Además, genera una brecha salarial media del 22 % frente a los funcionarios de carrera.
Desde el punto de vista legal, la sentencia refuerza el control judicial sobre la actividad administrativa. Las entidades deben ahora archivar pruebas documentales de cada nombramiento: causas, duración, sustituido y resolución final.
Datos Clave
- Más de 900.000 interinos trabajan en la Administración Pública española.
- El 68 % lleva más de cinco años en el mismo puesto sin estabilidad.
- La Ley 20/2021 establece el límite de tres años para la interinidad, pero su cumplimiento es menor del 12 %.
- El Tribunal Supremo exige que los procesos selectivos sean específicos, públicos y evaluados.
- Las administraciones tienen hasta 30 de junio de 2026 para presentar planes de estabilización ante la Inspección de Trabajo.
¿Qué deben hacer los interinos ahora?
Los trabajadores deben revisar su historial laboral con rigor. Si han superado una oposición para el puesto que ocupan, pueden presentar una demanda de reconocimiento de estabilidad. Si no, deben exigir la convocatoria de procesos selectivos bajo la LPG 2026. También pueden acudir al Consejo de Estado para solicitar informes vinculantes sobre la legalidad de sus contratos.
La sentencia no es una solución mágica, pero sí un punto de inflexión. Obliga a las administraciones a dejar de tratar la interinidad como una herramienta de gestión y a asumirla como una anomalía que debe corregirse con transparencia y respeto al marco constitucional.
