Un hundimiento estructural en un edificio abandonado de Badalona ha desencadenado un operativo de emergencia con 30 personas desalojadas, drones, cámaras térmicas y derribos preventivos. No hubo heridos, pero el suceso revela fallos sistémicos en la gestión de edificios en ruina, la protección de vivienda protegida y el cumplimiento de la Ley de Rehabilitación Urbana. El caso afecta directamente a nueve familias que llevan más de cuatro años sin poder rehabilitar sus viviendas.
¿Qué pasó exactamente en la calle Granada de Badalona?
Este jueves 24 de abril de 2026, un edificio de cuatro plantas en la calle Granada colapsó parcialmente. El suceso ocurrió en un inmueble ya declarado en estado de ruina avanzada desde marzo de 2022, cuando se derrumbó el techo del segundo piso sobre el tercero.
Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las 20:45 horas. Acudieron siete dotaciones. No había ocupantes en el inmueble siniestrado, pero se desalojaron preventivamente los edificios colindantes: números 20 y 24 de la calle Granada y 51 de la calle Litz.
Reconocimiento técnico y mitigación inmediata
Tras descartar víctimas con cámaras térmicas, los equipos realizaron un reconocimiento aéreo con drones. Detectaron inestabilidad crítica en elementos estructurales y fachadas. Se procedió a derribos preventivos para evitar propagación del daño.
¿Por qué un edificio en ruina siguió en pie durante años?
El inmueble llevaba más de cuatro años en estado de abandono legalizado. Tras el primer derrumbe en 2022, las nueve familias afectadas fueron realojadas temporalmente. Pero no pudieron acceder a ayudas para la rehabilitación integral, debido a un fraude documental perpetrado por un supuesto gestor inmobiliario.
El caso del timador que bloqueó la rehabilitación
Un individuo se hizo pasar por técnico municipal y convenció a las familias de que sus solicitudes de subvención estaban tramitadas. En realidad, nunca presentó los expedientes. Esto impidió activar fondos del Plan Estatal de Vivienda 2022–2025, que exige documentación técnica y licencias previas.
¿Qué hará el Ayuntamiento de Badalona tras el hundimiento?
El alcalde Xavier García Albiol anunció, vía X, que el solar resultante del derribo será destinado a vivienda social. El Ayuntamiento ya ha iniciado la evaluación técnica y urbanística para acelerar un proyecto de rehabilitación integral del barrio de la Paz.
Marco legal y responsabilidades pendientes
La Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, obliga a los propietarios a garantizar la seguridad de sus inmuebles. Si no lo hacen, el ayuntamiento puede intervenir mediante ejecución subsidiaria, con cargo al propietario. En este caso, la propiedad era una sociedad inmobiliaria insolvente, lo que retrasó la acción municipal.
¿Cuál es el impacto económico y social del colapso?
El hundimiento no generó víctimas, pero sí costes ocultos: 120.000 € estimados en operativos de emergencia, 350.000 € en evaluaciones técnicas y una pérdida de 1,2 millones en valor inmobiliario del entorno. Además, nueve familias siguen en alquiler temporal con ayudas insuficientes.
Datos Clave
- El edificio colapsado llevaba 4 años en estado de ruina certificada.
- Se desalojaron 30 personas de tres edificios adyacentes.
- No hubo heridos, pero sí 23 personas atendidas en 2022 tras el primer derrumbe.
- El fraude del gestor impidió acceder a subvenciones estatales de hasta 30.000 € por vivienda.
- El Ayuntamiento estudia declarar la zona como Área de Rehabilitación Preferente (ARP).
La situación en Badalona no es aislada. En 2025, el Instituto Nacional de Estadística registró 14.700 edificios en estado de ruina en Cataluña. Solo el 12 % contaba con planes de intervención activos. La falta de coordinación entre administraciones locales, técnicos y propietarios profundiza la crisis de la vivienda asequible. El colapso de la calle Granada es un síntoma de una falla estructural: la gestión pasiva del parque inmobiliario. La respuesta no puede ser solo paliativa. Requiere mecanismos de intervención obligatoria, fondos ágiles y transparencia en la tramitación de ayudas. La vivienda no es un activo especulativo: es un derecho constitucional con garantías técnicas y legales.
