El caso del hinchable de Mislata que mató a dos niñas en 2022 ha reabierto el debate sobre la seguridad de las atracciones itinerantes. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mislata ha procesado a un ingeniero técnico y a los dueños del hinchable, pero ha sobreseído la causa contra el técnico municipal. Este fallo marca un punto de inflexión en la aplicación de la normativa de seguridad pública en ferias locales.
¿Quiénes son los responsables penales del accidente del hinchable de Mislata?
La jueza ha determinado que la responsabilidad penal recae directamente sobre el ingeniero técnico que firmó el certificado de supervisión y sobre los propietarios del castillo hinchable. Ambos fueron acusados de dos delitos de homicidio por imprudencia grave, tras la muerte de Vera y Cayetana, de 4 y 8 años, durante la feria de Navidad de 2022.
El fallo descarta la responsabilidad del técnico municipal. La jueza consideró que no existían indicios suficientes de incumplimiento de sus funciones. Su labor se limitaba a la revisión documental, no a la inspección física del anclaje.
¿Qué falló en la instalación del hinchable?
El hinchable ‘Humor amarillo, la selva’ no contaba con un sistema de anclaje adecuado para las condiciones meteorológicas. La ráfaga de viento no fue excepcional, pero el sistema de sujeción no cumplía con el Real Decreto 1215/2012, que exige verificación de estabilidad ante vientos de hasta 30 km/h en zonas urbanas.
El informe pericial confirmó que los anclajes eran insuficientes y no estaban certificados por un técnico competente. Además, faltaba el plan de seguridad específico exigido para atracciones inflables en espacios públicos.
¿Qué dice la normativa sobre atracciones inflables en ferias locales?
La regulación de atracciones itinerantes en España se rige por tres niveles: estatal, autonómico y municipal. En la Comunidad Valenciana, la Ley 10/2011 de Seguridad Pública exige que toda atracción móvil cuente con una declaración responsable acompañada de certificados técnicos actualizados.
El certificado de montaje debe ser emitido por un técnico colegiado. No basta con un informe genérico: debe incluir cálculo de cargas, análisis de viento y comprobación de anclajes. En este caso, el documento presentado carecía de esos elementos esenciales.
¿Cuál es el marco legal aplicable a los feriantes?
Los feriantes están obligados a cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y con la Orden Ministerial ITC/3701/2006, que regula los requisitos técnicos de las atracciones. El incumplimiento puede derivar en responsabilidad civil, administrativa y penal.
¿Qué impacto económico tiene este fallo para el sector de ferias?
El fallo ha generado alerta en el sector de feriantes y organizadores de eventos. Las aseguradoras ya han comenzado a revisar sus pólizas de responsabilidad civil especializada. Algunas han subido las primas un 40 % para atracciones inflables.
Además, los ayuntamientos valencianos están reforzando los controles previos a la autorización. En Mislata, se ha creado un protocolo de inspección física obligatoria antes de cada instalación.
¿Cómo ha cambiado la gestión municipal tras el accidente?
Tras el suceso, el Ayuntamiento de Mislata modificó su ordenanza municipal para exigir:
- Certificación técnica con validez máxima de 6 meses.
- Inspección presencial del anclaje por técnico municipal.
- Sistema de alerta meteorológica en tiempo real durante la feria.
¿Qué datos clave debe conocer cualquier organizador de ferias?
- El 78 % de los accidentes con hinchables en España se deben a fallo en el sistema de anclaje, según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2025).
- Las atracciones inflables requieren certificación técnica específica, no un certificado genérico de instalaciones.
- El técnico municipal no asume responsabilidad penal si su revisión se limita a la documentación y esta es técnicamente válida en apariencia.
- La declaración responsable no exime de la obligación de cumplir con la normativa técnica vigente.
- Desde 2023, el 92 % de los ayuntamientos valencianos exigen informe de estabilidad ante viento para atracciones inflables.
¿Qué rol juega la responsabilidad profesional en estos casos?
El fallo subraya que la firma de un certificado técnico implica una responsabilidad objetiva. El ingeniero no puede alegar desconocimiento: debe verificar in situ el anclaje, no solo firmar un documento recibido.
La colegiación profesional no es un mero trámite: es una garantía de competencia técnica y ética. En este caso, el colegio profesional ya ha abierto un expediente sancionador contra el ingeniero por infracción grave del código deontológico.
El caso de Mislata no es aislado. En 2025, se registraron 14 denuncias similares en España por fallos en atracciones inflables. Solo el 22 % derivaron en procesamiento, pero el 100 % generaron sanciones administrativas millonarias.
