Madrid vive una escalada de denuncias por intentos de expulsión de personas mayores con grado de dependencia III en residencias acreditadas. El caso más reciente afecta a un hombre de 66 años en la residencia Casablanca de Vallecas, con fecha prevista para el 9 de mayo. No es aislado: ya hubo dos intentos similares en Colmenar Viejo y Carabanchel, todos frenados temporalmente por presión social y administrativa.
¿Pueden expulsar a una persona mayor con dependencia III de una residencia acreditada?
No. La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia prohíbe la expulsión unilateral de residentes con grado III, especialmente cuando el centro recibe financiación pública mediante el cheque servicio. La residencia Casablanca, aunque privada, está acreditada por la Comunidad de Madrid y forma parte del sistema público de servicios sociales.
La expulsión requiere motivos objetivos, documentados y evaluados por un equipo técnico independiente. Las alegaciones de «maltrato» contra el residente o su familiar carecen de verificación oficial y no constituyen causa legal suficiente.
¿Qué implica el grado de dependencia III?
- Supone gran dependencia para actividades básicas de la vida diaria.
- Requiere atención continua y apoyo permanente.
- Da derecho a plaza preferente en centros públicos o a cheque servicio equivalente a unos 700 euros mensuales.
- Su retirada sin sustitución inmediata vulnera el derecho a la protección social (Art. 49 CE).
¿Por qué se repiten estos intentos en residencias privadas acreditadas?
La clave está en la sostenibilidad económica. Atender a personas con grado III implica costos operativos superiores: más personal cualificado, más horas de cuidado, más supervisión médica. Algunas residencias, especialmente las de redes empresariales como la de Casablanca (9 centros en Madrid), priorizan la rentabilidad operativa sobre la calidad asistencial.
Esto genera una paradoja: centros que reciben fondos públicos pero aplican criterios privados de selección y permanencia. La falta de auditorías periódicas y sanciones efectivas por incumplimiento de estándares de calidad alimenta esta práctica.
¿Qué dice la normativa de contratación pública?
- Los centros acreditados deben cumplir el Decreto 111/2022 de Calidad en Servicios Sociales.
- Cualquier modificación en la prestación debe notificarse a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
- La expulsión sin informe técnico previo es nula de pleno derecho, según la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público.
¿Qué recursos legales tienen los afectados y sus familias?
Los residentes y sus representantes legales pueden:
- Presentar una reclamación formal ante la Dirección General de Servicios Sociales.
- Solicitar la intervención del Defensor del Pueblo de la Comunidad de Madrid.
- Acudir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para impugnar la decisión.
- Activar el protocolo de protección frente a maltrato (Ley 17/2015 de Protección Integral a las Personas Mayores).
La asociación Pladigmare ya ha anunciado que presentará una solicitud urgente ante la Consejería para que se inicie una inspección inmediata en Casablanca y se suspenda la expulsión.
¿Cuál es el impacto económico y social real?
El sistema de cheque servicio moviliza más de 400 millones de euros anuales en la Comunidad de Madrid. Cada expulsión no resuelta genera costes ocultos: reingresos hospitalarios, sobrecarga en servicios de atención domiciliaria y pérdida de confianza en el sistema.
Además, el 72 % de las residencias acreditadas en Madrid son privadas. Sin controles reales de calidad y transparencia financiera, el riesgo de selección negativa —excluir a los más dependientes— se convierte en una práctica estructural, no puntual.
Datos Clave
- La residencia Casablanca forma parte de una red empresarial con 9 centros en Madrid.
- El cheque servicio para dependencia III ronda los 700 euros mensuales, financiado con fondos públicos.
- El grado III de dependencia exige atención las 24 horas y está regulado por la Ley 39/2006.
- Pladigmare ha documentado 3 intentos de expulsión en 2026, todos en centros acreditados.
- La Consejería de Familia no ha publicado inspecciones sancionadoras en residencias privadas desde 2024.
El contexto actual revela una brecha entre la normativa protectora y su aplicación real. El marco legal existe, pero su cumplimiento depende de la voluntad política y de la capacidad de fiscalización. Económicamente, el sistema se resiente cuando la lógica empresarial desplaza la lógica del derecho. Prácticamente, las familias enfrentan una batalla burocrática desigual contra estructuras con asesoría jurídica y recursos operativos superiores.
