La reciente investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) ha revelado un escándalo que involucra al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y su gestión durante la pandemia en Canarias. Según los informes, Torres forzó pagos a la empresa Soluciones de Gestión SL para la compra de mascarillas, a pesar de las advertencias sobre su calidad y la falta de comprobaciones legales necesarias. Este caso pone de manifiesto no solo la vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público, sino también la posible implicación de Torres en actos que podrían tener consecuencias legales graves.
La UCO ha presentado pruebas contundentes, incluyendo mensajes y audios intervenidos, que demuestran cómo Torres presionó a la responsable económica del Servicio Canario de Salud para autorizar pagos sin realizar las comprobaciones pertinentes. A pesar de que informes internos desaconsejaban el uso de las mascarillas adquiridas, el Gobierno de Canarias continuó con los pagos, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de estas transacciones.
### La presión por los pagos y las advertencias ignoradas
Los audios revelan que Torres no solo estaba al tanto de la situación, sino que también se mostró agresivo en su intento de sortear las resistencias internas. En una conversación, llegó a decir que se iba a «cagar en todos los santos» con la responsable económica si no se autorizaban los pagos. Esta actitud refleja una falta de respeto por los procedimientos establecidos y una clara intención de eludir las normativas que rigen la contratación pública.
El pedido inicial a Soluciones de Gestión SL ascendía a 6,8 millones de euros, pero las órdenes de pago se incrementaron rápidamente, alcanzando casi 10 millones en agosto de 2020. A pesar de las advertencias sobre la calidad de las mascarillas, que no cumplían con las especificaciones FFP2, el Gobierno canario no solo continuó con los pagos, sino que también rehízo el contrato para clasificar el material defectuoso como mascarillas quirúrgicas. Esta maniobra no solo es cuestionable desde el punto de vista ético, sino que también podría acarrear responsabilidades penales para Torres y otros funcionarios involucrados.
La Ley de Contratos del Sector Público establece que, incluso en situaciones de emergencia, los pagos deben estar sujetos a comprobaciones y fiscalización. Sin embargo, en este caso, las comprobaciones se realizaron a posteriori, lo que contradice las normativas vigentes. La falta de actas de conformidad y la aceptación de un material que no cumplía con los requisitos sanitarios son indicativos de una gestión irresponsable y posiblemente corrupta.
### Implicaciones legales y políticas
La situación se complica aún más al considerar que la Fiscalía Europea ya está investigando el caso. La presión ejercida por Torres para realizar pagos sin las debidas comprobaciones podría llevar a responsabilidades contables y disciplinarias, así como a posibles cargos de malversación o prevaricación. La UCO ha dejado claro que la actuación de Torres no solo es ilegal, sino que también podría tener repercusiones políticas significativas.
El escándalo ha generado un debate intenso sobre la ética en la gestión pública y la responsabilidad de los funcionarios en tiempos de crisis. La confianza del público en las instituciones se ve amenazada cuando se revelan casos de corrupción y mala gestión, especialmente en un contexto donde la salud pública está en juego. La implicación de un alto cargo como Torres en este tipo de prácticas podría tener un impacto duradero en su carrera política y en la percepción del Gobierno de Canarias.
Además, el hecho de que las mascarillas adquiridas resultaran defectuosas y no aptas para su uso sanitario plantea serias preguntas sobre la diligencia debida en la contratación pública. La gestión de la crisis sanitaria ha sido un tema delicado y cualquier indicio de corrupción puede erosionar la confianza en las autoridades y en la capacidad del Gobierno para manejar situaciones de emergencia de manera efectiva.
La UCO ha dejado claro que este caso no es solo un asunto administrativo, sino que tiene implicaciones legales que podrían extenderse a otros funcionarios y a la propia estructura del Gobierno canario. La presión política para que se tomen medidas adecuadas y se garantice la rendición de cuentas es más fuerte que nunca, y la sociedad espera respuestas claras y contundentes sobre este escándalo que ha sacudido las bases de la administración pública en Canarias.
