El Tribunal Supremo de España ha confirmado que no se aplicará la amnistía a Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, en relación con el delito de malversación de fondos públicos. Esta decisión se produce en un contexto de tensiones políticas y legales que han marcado la historia reciente de España, especialmente en lo que respecta al movimiento independentista catalán.
La Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha respaldado la interpretación del instructor del caso, Pablo Llarena, quien en septiembre de 2024 ya había decidido no aplicar la amnistía a los líderes independentistas condenados por su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Según el tribunal, la ley de amnistía, tal como fue modificada en el trámite parlamentario, excluye expresamente el delito de malversación cuando se actúa con un «propósito de beneficio personal de carácter patrimonial».
Los magistrados argumentan que los acusados se beneficiaron patrimonialmente al utilizar fondos públicos para financiar actividades relacionadas con el referéndum, lo que, a su juicio, constituye un beneficio personal. Esta interpretación ha sido clave para justificar la negativa a aplicar la amnistía, ya que el tribunal sostiene que el uso de recursos públicos para fines personales implica un incremento del patrimonio de los implicados.
La resolución del Tribunal Supremo ha sido recibida con críticas por parte de Puigdemont, quien ha calificado la decisión como una muestra de «rebeldía» del tribunal frente al poder legislativo. En sus declaraciones, el líder de Junts ha afirmado que el tribunal está «retorciendo» la interpretación de la ley de amnistía y ha cuestionado la legitimidad de la decisión judicial. Puigdemont también ha arremetido contra el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sugiriendo que ambos están alineados en su oposición a la amnistía.
El contexto de esta decisión es complejo, ya que la ley de amnistía fue aprobada en un intento de cerrar las heridas del conflicto catalán y facilitar la reconciliación. Sin embargo, la interpretación del tribunal ha generado un nuevo capítulo de confrontación entre el independentismo catalán y el Estado español. La negativa a aplicar la amnistía no solo afecta a Puigdemont, sino también a otros líderes independentistas que se encuentran en una situación similar.
El tribunal ha subrayado que su decisión no es arbitraria y que se basa en una interpretación rigurosa de la ley. Según los magistrados, la ley no establece de manera clara que el beneficio personal solo se refiera a un incremento tangible del patrimonio, lo que permite una interpretación más amplia que incluye la no detracción del patrimonio. Esto significa que, aunque no haya un enriquecimiento directo, el hecho de que los gastos sean asumidos por los fondos públicos también se considera un beneficio.
La resolución ha sido objeto de múltiples recursos por parte de la abogada del Estado, el Ministerio Fiscal y otros actores políticos, todos los cuales han sido desestimados. Esto refuerza la posición del Tribunal Supremo y su interpretación de la ley, aunque también plantea interrogantes sobre el futuro del proceso judicial y político en Cataluña.
La situación actual deja a Puigdemont y a otros líderes independentistas en una posición incierta, a la espera de lo que pueda decidir el Tribunal Constitucional en un eventual recurso. La posibilidad de que el Constitucional revise la decisión del Supremo añade una capa adicional de complejidad a un caso que ha captado la atención tanto a nivel nacional como internacional.
En resumen, la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont representa un nuevo obstáculo en el camino hacia la resolución del conflicto catalán. La interpretación de la ley de amnistía y la definición de lo que constituye un beneficio personal seguirán siendo temas de debate y controversia en el futuro cercano, mientras las tensiones entre el independentismo y el Estado español continúan en aumento.
