El Parlamento Vasco ha tomado una decisión reciente que ha generado un intenso debate en torno a la propiedad de la vivienda en Euskadi. En una sesión celebrada el 5 de febrero de 2026, la cámara legislativa rechazó una propuesta de EH Bildu que buscaba la creación de un registro de grandes tenedores de vivienda. Sin embargo, se aprobó una enmienda que insta al Gobierno Vasco a recopilar más información sobre aquellos propietarios que poseen cinco o más viviendas. Este artículo explora las implicaciones de esta decisión y las diferentes posturas de los partidos políticos involucrados.
La propuesta de EH Bildu, defendida por el parlamentario Xabier Astigarraga, argumentaba que un registro de grandes tenedores es esencial para cumplir con la ley de vivienda. Astigarraga se cuestionó por qué Euskadi no puede implementar un sistema similar al de Navarra y Catalunya, donde ya existen registros de este tipo. La falta de un registro, según él, dificulta la regulación del mercado de la vivienda y la protección de los inquilinos.
Por otro lado, la enmienda aprobada, presentada por el PNV y el PSE, no menciona la creación de un registro, pero sí solicita al Gobierno Vasco que establezca mecanismos para obtener la mayor información posible sobre los grandes tenedores de vivienda. Esto incluye la colaboración con diversas instituciones para llevar a cabo un análisis exhaustivo sobre la propiedad de la vivienda en la región. La falta de datos precisos sobre la propiedad es un obstáculo significativo para abordar la crisis de vivienda que enfrenta Euskadi.
### La Perspectiva de los Partidos Políticos
El debate en el Parlamento Vasco ha puesto de manifiesto las diferencias de enfoque entre los partidos que forman el Gobierno Vasco, el PNV y el PSE. Durante la discusión, el parlamentario del PSE-EE, Adrián Fernández, minimizó la importancia de los grandes tenedores en el contexto de la crisis de vivienda. Fernández destacó que, de acuerdo con los datos disponibles, siete de cada diez viviendas en manos de grandes tenedores pertenecen a sociedades públicas. Esto sugiere que el sector público juega un papel crucial en la propiedad de la vivienda, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda en lugar de especular con ella.
Fernández también mencionó que el Gobierno Vasco solo tiene acceso a información sobre los alquileres a través del registro de fianzas, mientras que los datos catastrales están en manos de las diputaciones forales. A pesar de esta limitación, se comprometió a hacer todo lo posible para cruzar datos y obtener información sobre las viviendas de los grandes tenedores, tanto las alquiladas como las desocupadas.
En contraste, el parlamentario jeltzale Jonatan Moreno cuestionó la efectividad de las zonas tensionadas, argumentando que no han logrado reducir los precios de la vivienda y han provocado una caída en la oferta de alquileres. Moreno afirmó que los grandes tenedores representan solo el 3% del parque de viviendas, una cifra que, según él, no es suficiente para ser considerada como el principal factor en la crisis de vivienda. En su opinión, la raíz del problema radica en la falta de oferta de viviendas.
Por su parte, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, criticó al Gobierno Vasco por no tener información clara sobre quiénes son los grandes tenedores y cuántas viviendas poseen. Hernández argumentó que es fundamental combatir a aquellos que utilizan la vivienda como un activo financiero, y que la falta de datos impide una regulación efectiva del mercado. Esta falta de información es un punto crítico que debe ser abordado si se quiere implementar políticas efectivas en el sector de la vivienda.
### La Reacción de la Oposición
La reacción de la oposición también ha sido notable. La parlamentaria del PP, Ana Morales, acusó a EH Bildu de intentar señalar a las empresas propietarias de viviendas, sugiriendo que esto podría tener un efecto negativo en la inversión en el sector. Morales abogó por implementar políticas que fomenten el aumento de la oferta de vivienda, en lugar de centrarse en la regulación de los grandes tenedores.
El debate sobre la propiedad de la vivienda en Euskadi es un reflejo de una problemática más amplia que afecta a muchas regiones en España y Europa. La crisis de vivienda, caracterizada por el aumento de los precios y la escasez de oferta, ha llevado a muchos gobiernos a buscar soluciones que equilibren los derechos de los inquilinos con los intereses de los propietarios. Sin embargo, la falta de datos precisos y la fragmentación de la información entre diferentes instituciones complican la tarea de diseñar políticas efectivas.
La decisión del Parlamento Vasco de no crear un registro de grandes tenedores, a pesar de la necesidad de información más clara, plantea interrogantes sobre la dirección de las políticas de vivienda en la región. La colaboración entre diferentes niveles de gobierno y la recopilación de datos son pasos esenciales para abordar la crisis de vivienda de manera integral.
En este contexto, es crucial que el Gobierno Vasco tome medidas para mejorar la transparencia en el mercado de la vivienda. La creación de un registro de grandes tenedores podría ser una herramienta valiosa para regular el sector y proteger a los inquilinos, pero también es necesario considerar otras medidas que fomenten la construcción de nuevas viviendas y la rehabilitación de las existentes. La búsqueda de un equilibrio entre los derechos de los propietarios y las necesidades de los inquilinos es fundamental para garantizar un acceso justo a la vivienda en Euskadi.
