El desempleo en España no es un fenómeno coyuntural: es estructural. A pesar de una reducción del 15% al 10% desde la pandemia, la tasa sigue singularmente alta frente al 6% de la UE. El Banco de España señala que las políticas activas de empleo y los incentivos laborales son los dos ejes clave que frenan la recuperación dinámica del mercado.
¿Por qué el desempleo sigue siendo estructural en España?
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, lo dejó claro en su comparecencia ante el Congreso: no basta con crear empleo, hay que facilitar su acceso sostenible. La tasa de cobertura del SEPE alcanzó el 80% en 2025 —20 puntos más que en 2004—, pero ese nivel de protección puede desincentivar la reincorporación. El sistema actual no distingue suficientemente entre paro transitorio y paro prolongado.
La sobrecotización penaliza la contratación
La cotización al SEPE para prestaciones por desempleo es del 7,05%, más del doble que en Alemania, Francia o Italia. Esa carga recae sobre las empresas y reduce su margen para contratar. Además, el sistema no ajusta los incentivos según la edad, la experiencia o la duración del desempleo.
¿Cómo afecta la edad a la reincorporación laboral?
Los mayores de 52 años representan el 42% del desempleo de larga duración. Su situación es crítica: el subsidio para mayores de 52 años tiene una sobrecotización del 125%, lo que encarece su contratación y reduce su atractivo para las empresas. El carácter indefinido del subsidio, sin mecanismos de revisión progresiva, frena la transición al empleo estable.
La recualificación no es opcional: es urgente
Escrivá subrayó la necesidad de reforzar los mecanismos de recualificación y formación continua. El 63% de los desempleados de larga duración carece de certificación digital básica, según el INE 2026. Sin adaptación a los perfiles demandados —como ciberseguridad, IA aplicada o transición energética—, la brecha se agranda.
¿Qué papel juega la inmigración en el mercado laboral?
Contrario a discursos restrictivos, el Banco de España la define como una fortaleza económica. La inmigración compensa la caída de la población activa: 1 de cada 3 nuevos afiliados a la Seguridad Social en 2025 fue extranjero. Además, el 72% de los inmigrantes en situación regular trabaja en sectores con escasez de mano de obra: agricultura, construcción y cuidados.
El marco legal no se ha actualizado al ritmo del mercado
La Ley de Empleo (2012) y el Estatuto de los Trabajadores (1980) no contemplan figuras como el trabajo híbrido, la economía de plataformas o los contratos de reciclaje profesional. El Consorci de la Zona Franca de Barcelona ya impulsa pilotos legales para contratos con formación integrada, pero carecen de cobertura nacional.
¿Cuál es el impacto económico real del desempleo estructural?
El coste fiscal supera los 22.000 millones de euros anuales: 14.000 millones en prestaciones y 8.000 millones en pérdida de ingresos fiscales. Además, el índice de pobreza laboral creció al 12,4% en 2025 —dos puntos por encima de 2022—, afectando especialmente a mujeres, jóvenes y trabajadores mayores.
Datos Clave
- La tasa de paro en España (10%) es 6,7 puntos superior a la media de la zona euro (3,3%).
- El SEPE cubre al 80% de los parados, frente al 45–55% en Alemania y Países Bajos.
- La sobrecotización del 125% para mayores de 52 años reduce su tasa de reincorporación al 11%.
- La inmigración representa el 31% del crecimiento neto de afiliación a la Seguridad Social en 2025.
- El 68% de las pymes reporta dificultades para cubrir puestos técnicos, según CEOE 2026.
¿Qué reformas legales y económicas son prioritarias?
Se requiere una actualización del marco normativo que vincule protección social con activación laboral progresiva. Esto incluye: bonificaciones escalonadas por contratación de mayores de 52 años, incentivos fiscales para empresas que inviertan en formación dual, y la creación de un registro nacional de competencias interoperable con los certificados europeos. El Consorci de la Zona Franca ya prueba un modelo de contrato de transición profesional, con financiación compartida entre empresa, Estado y fondos europeos.
La economía española no puede seguir creciendo con un margen de desempleo estructural que frena la productividad, encarece la contratación y limita la innovación. La solución no está en recortar derechos, sino en redefinirlos con inteligencia económica y sensibilidad social.
