Recientemente, un sindicato ha solicitado la imputación del subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, en relación con la gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024. Esta solicitud se basa en la creencia de que su actuación, o más bien su omisión de funciones, podría acarrear responsabilidades penales. La Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) ha presentado alegaciones ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, denunciando graves irregularidades en un informe que fue remitido por Suárez a la jueza.
El informe en cuestión, que se considera crucial para esclarecer las circunstancias de las inundaciones, ha sido criticado por contener omisiones y manipulaciones que, según el sindicato, buscan minimizar la responsabilidad de la Generalitat Valenciana en los trágicos eventos que ocurrieron en la rambla del Poyo. Entre las irregularidades señaladas, se destaca la eliminación de funciones críticas que el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y el director del plan tenían asignadas, tales como la coordinación de actuaciones y la activación de mecanismos de emergencia en el momento adecuado.
Además, el sindicato ha denunciado la ocultación de la obligación del CCE de transmitir información a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la Agencia Estatal de Meteorología, lo que implica que no solo debían recibir datos, sino que también tenían que asumir un papel activo en la recopilación y comunicación de información crítica. La confusión entre las fases de preemergencia y emergencia también ha sido un punto de crítica, ya que esto podría haber diluido las obligaciones de actuación de la Generalitat desde las primeras señales de riesgo, lo que a su vez podría haber agravado la situación.
Otro aspecto que ha generado controversia es la omisión de los directores del Plan Especial, quienes tenían un papel fundamental en la declaración de la emergencia y en la coordinación de recursos. La falta de activación de Puestos de Mando Avanzados en momentos críticos ha sido señalada como un factor que pudo haber incrementado los daños materiales y puesto en riesgo la vida de muchas personas. FETAP-CGT ha advertido que la falta de constitución de estos puestos, junto con la escasez de rondas informativas y los avisos confusos enviados a los municipios, pudo haber tenido consecuencias devastadoras.
El sindicato también ha calificado el informe presentado por Suárez como parte de una estrategia de manipulación, que busca minimizar la responsabilidad de la Generalitat en la gestión de la emergencia. Se ha señalado que, a pesar de que a las 12:25 horas del 29 de octubre ya se había declarado oficialmente la Emergencia Situación 0 en la rambla del Poyo, no se llevaron a cabo las acciones necesarias que exigía el Plan Especial de Inundaciones, incumpliendo así las obligaciones fundamentales de protección civil.
La acusación particular exige que se depuren todas las responsabilidades derivadas de estos hechos y que se esclarezca la verdad sobre la actuación de la Generalitat en la gestión de la emergencia de octubre. Se argumenta que no se debe trasladar la responsabilidad a otras administraciones, ya que la dirección y coordinación de la respuesta a la emergencia recaía principalmente sobre la Generalitat.
Este caso ha generado un amplio debate en la sociedad, donde las víctimas de la DANA han solicitado apoyo a la ciudadanía europea, denunciando un sentimiento de abandono por parte de las autoridades. La situación ha llevado a la organización de manifestaciones en protesta por la gestión de la emergencia y en demanda de justicia para aquellos que sufrieron las consecuencias de las inundaciones.
La situación actual pone de relieve la importancia de una gestión adecuada de emergencias y la necesidad de que las autoridades asuman la responsabilidad de sus acciones. La comunidad espera que se tomen medidas para garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro y que se proteja a los ciudadanos de manera efectiva ante desastres naturales.
