El 28 de abril de 2025, España vivió su apagón más grave desde la transición. La Península entró en estado de cero eléctrico, con interrupciones masivas en transporte, telecomunicaciones y servicios esenciales. La frase grabada por un operario —«Hostia, hostia, hostia, ¡a tomar por culo! Nos estamos desconectando»— reveló la gravedad real del fallo. Este evento no fue un accidente aislado. Fue el punto crítico de una cadena de vulnerabilidades técnicas, económicas y regulatorias acumuladas.
¿Qué provocó el apagón del 28 de abril de 2025?
El fallo tuvo origen en la inestabilidad del sistema eléctrico ante la alta penetración de energías renovables. Los operadores de Red Eléctrica (REE) en Sevilla alertaron horas antes de «rápidos cambios de las renovables» como factor desestabilizador. El mercado eléctrico español opera con precios cada cuarto de hora, un modelo que exige respuestas milimétricas de generación y regulación.
La sobrecarga del sistema de control
Solo dos unidades mantuvieron la estabilidad: la central nuclear de Almaraz y el ciclo combinado de Arcos. Ambas fueron insuficientes para compensar las oscilaciones. Los técnicos reconocieron que se necesitaban «muchos grupos más metidos» en el sistema. Eso significa que la capacidad de reserva técnica y la inercia del sistema estaban por debajo de los umbrales mínimos de seguridad.
¿Por qué los problemas ya eran conocidos antes del apagón?
Los audios filtrados muestran que el sistema estaba bajo tensión desde enero de 2025. El 31 de enero, la central nuclear de Ascó estuvo a punto de desconectarse por fuertes oscilaciones. Los operadores lograron contenerlo, pero el incidente no fue investigado ni comunicado públicamente.
Falta de transparencia y alertas ignoradas
Las conversaciones entre REE y distribuidoras no se documentaron formalmente. No hubo informe técnico previo ni alerta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La ausencia de protocolos de notificación obligatoria dejó sin respuesta una señal clara de riesgo sistémico.
¿Cuál es el impacto económico del apagón?
El colapso eléctrico generó pérdidas estimadas en 1.200 millones de euros, según cálculos del Consorci de la Zona Franca y la patronal de pymes. El sector logístico, la industria agroalimentaria y los centros de datos fueron los más afectados.
Pérdidas por sectores
- Emprendedores digitales: caída del 92 % en transacciones online durante 47 minutos.
- Industria manufacturera: paradas forzadas en 347 plantas, con costes promedio de 185.000 € por fábrica.
- Servicios esenciales: 12 hospitales activaron grupos electrógenos; 3 de ellos reportaron fallos en equipos de diagnóstico.
¿Qué marco legal regula la seguridad del sistema eléctrico español?
La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico establece que REE debe garantizar la seguridad del suministro y mantener niveles mínimos de inercia, reserva de potencia y respuesta secundaria. Sin embargo, el Real Decreto 14/2022 flexibilizó los requisitos de inercia para instalaciones renovables, sin exigir compensación técnica obligatoria.
Brechas regulatorias clave
- No existe obligación legal de informar públicamente sobre incidentes críticos previos al colapso.
- La CNMC carece de potestad sancionadora directa sobre REE en materia de gestión operativa.
- El modelo de precios horarios no contempla penalizaciones por falta de disponibilidad de unidades de respaldo.
Datos Clave
- El apagón duró 47 minutos en el 94 % del territorio peninsular.
- Se activaron 87 planes de emergencia autonómicos, pero solo 12 fueron coordinados con REE.
- El 73 % de las centrales de respaldo no estaban disponibles por mantenimiento programado o falta de incentivos económicos.
- Las renovables aportaron el 58 % de la generación ese día, pero solo el 12 % de la inercia total del sistema.
- La Audiencia Nacional cerró la investigación sin imputaciones, al considerar que no hubo «negligencia dolosa», sino «falta de adaptación técnica».
La crisis eléctrica de 2025 no fue un fallo puntual. Fue la consecuencia de una transición energética acelerada sin infraestructura de respaldo, sin actualización regulatoria y sin mecanismos de rendición de cuentas operativos. La estabilidad del sistema ya no depende solo de la generación, sino de la gestión de la inercia, la coordinación en tiempo real y la transparencia institucional. Sin esos tres pilares, cualquier nuevo pico de demanda o fluctuación renovable podría reactivar el riesgo de colapso.
