La situación judicial en Euskadi ha mostrado cambios significativos en el segundo trimestre de 2025, según el informe estadístico publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este análisis se centra en las cifras de nuevos asuntos ingresados, resueltos y pendientes en los juzgados vascos, así como en la tasa de litigiosidad en comparación con otras comunidades autónomas del país.
**Evolución de los Asuntos Judiciales en Euskadi**
Durante el segundo trimestre de 2025, los órganos judiciales vascos registraron un total de 62.035 nuevos asuntos, lo que representa una disminución del 16,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este descenso se ha observado en todos los órdenes jurisdiccionales, a excepción del ámbito penal, donde se ha producido un leve incremento del 0,3%. A pesar de esta reducción en los nuevos ingresos, los juzgados y tribunales vascos resolvieron 68.106 asuntos, lo que supone un aumento del 1,7% respecto al segundo trimestre de 2024.
Sin embargo, al final del trimestre, el número de asuntos pendientes alcanzó los 162.047, lo que representa un aumento del 7,4%. Este incremento en los asuntos no resueltos plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema judicial para manejar la carga de trabajo actual y su eficiencia en la resolución de conflictos.
**Desglose por Jurisdicciones**
El análisis por jurisdicciones revela datos interesantes. En el ámbito civil, se registraron 25.366 nuevos asuntos, lo que equivale a una disminución del 31,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta caída se atribuye a la reciente implementación de la obligatoriedad de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar un proceso judicial. A pesar de la disminución en los nuevos casos, se resolvieron 30.261 asuntos en esta jurisdicción, un 4% más que en el segundo trimestre de 2024, aunque el número de asuntos pendientes aumentó un 13%, alcanzando los 91.944.
En el ámbito penal, los juzgados vascos ingresaron 28.922 nuevos asuntos, con una resolución de 28.764, lo que indica un ligero aumento del 0,8%. Sin embargo, el número de asuntos pendientes en esta jurisdicción también creció, alcanzando los 44.497, un 5,4% más que en el trimestre anterior.
En el orden contencioso-administrativo, se contabilizaron 1.471 nuevos asuntos, lo que representa una disminución del 11%. A pesar de esta caída, se resolvieron 2.132 asuntos, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior, y el número de asuntos pendientes se redujo en un 19,5%, quedando en 5.040. Por otro lado, en la jurisdicción social, se ingresaron 6.276 nuevos asuntos, un 9,5% menos, y se resolvieron 6.949, lo que supone una disminución del 6,3%. Al final del trimestre, quedaron en trámite 20.566 asuntos, un 2% menos que en el año anterior.
**Tasa de Litigiosidad en Euskadi**
La tasa de litigiosidad en Euskadi se ha situado en 27,85 asuntos por cada 1.000 habitantes durante el segundo trimestre de 2025. Esta cifra es notablemente inferior a la media estatal, que se establece en 39,8. En comparación con otras comunidades autónomas, Euskadi presenta una de las tasas más bajas del país. Las regiones con tasas de litigiosidad superiores a la media nacional incluyen Canarias (54,07), Madrid (44,54), y Catalunya (40,64), entre otras. Por otro lado, comunidades como Asturias y la Comunidad Valenciana también se encuentran por debajo de la media, pero con cifras más altas que las de Euskadi.
Este panorama sugiere que, a pesar de la disminución en el número de nuevos asuntos, la carga de trabajo en los juzgados vascos sigue siendo significativa, lo que podría generar preocupaciones sobre la eficiencia del sistema judicial. La implementación de los MASC en el ámbito civil podría ser un factor clave para entender la reducción en los nuevos ingresos, y su efectividad será crucial para el futuro del sistema judicial en la región.
En resumen, el segundo trimestre de 2025 ha traído consigo una serie de cambios en la dinámica judicial de Euskadi, con una notable disminución en los nuevos asuntos ingresados, pero un aumento en los casos pendientes. La tasa de litigiosidad, aunque baja en comparación con otras comunidades, plantea preguntas sobre la capacidad del sistema para adaptarse a las nuevas normativas y a la creciente demanda de justicia.
