La situación judicial en Euskadi ha mostrado cambios significativos durante el segundo trimestre de 2025, según el informe estadístico publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este análisis se centra en las cifras de nuevos asuntos ingresados, la tasa de litigiosidad y la resolución de casos en los juzgados vascos, destacando las variaciones en diferentes jurisdicciones y el impacto de la normativa reciente sobre los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).
**Evolución de los Asuntos Judiciales en Euskadi**
Durante el segundo trimestre de 2025, los órganos judiciales de Euskadi registraron un total de 62.035 nuevos asuntos, lo que representa una disminución del 16,8 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este descenso se ha observado en todos los órdenes jurisdiccionales, a excepción del ámbito penal, donde se ha producido un leve incremento del 0,3 %. A pesar de la reducción en el número de nuevos casos, los juzgados y tribunales vascos resolvieron 68.106 asuntos, lo que implica un aumento del 1,7 % respecto al segundo trimestre de 2024.
A pesar de la resolución de más casos, al final del trimestre se registraron 162.047 asuntos pendientes, un 7,4 % más que en el mismo periodo del año anterior. Este aumento en los casos no resueltos plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema judicial para manejar la carga de trabajo actual y su eficiencia en la resolución de conflictos.
**Desglose por Jurisdicciones**
El análisis por jurisdicciones revela tendencias interesantes. En el ámbito civil, se registraron 25.366 nuevos asuntos, lo que representa una disminución del 31,7 % en comparación con el segundo trimestre de 2024. Esta caída se atribuye a la reciente implementación de la obligatoriedad de recurrir a los MASC antes de iniciar procedimientos civiles y mercantiles. A pesar de la reducción en los nuevos casos, se resolvieron 30.261 asuntos en esta jurisdicción, un 4 % más que el año anterior. Sin embargo, el número de casos pendientes en el ámbito civil aumentó a 91.944, lo que representa un incremento del 13 %.
En el ámbito penal, los juzgados vascos ingresaron 28.922 nuevos asuntos, con una resolución de 28.764 casos, lo que indica un ligero aumento del 0,8 % en la eficiencia de resolución. Sin embargo, el número de asuntos en trámite también creció, alcanzando los 44.497, un 5,4 % más que en el trimestre anterior.
En el orden contencioso-administrativo, se contabilizaron 1.471 nuevos asuntos, un 11 % menos que el año anterior, mientras que se resolvieron 2.132, lo que representa un aumento del 9 %. En este caso, el número de asuntos pendientes disminuyó a 5.040, un 19,5 % menos que en el mismo periodo de 2024. Por último, en la jurisdicción social, se ingresaron 6.276 nuevos asuntos, con una resolución de 6.949, lo que refleja una disminución del 6,3 % en la eficiencia de resolución.
**Tasa de Litigiosidad en Euskadi**
La tasa de litigiosidad en Euskadi se ha situado en 27,85 asuntos por cada 1.000 habitantes, lo que es notablemente inferior a la media estatal de 39,8. Esta cifra coloca a la comunidad autónoma entre las que presentan las tasas más bajas del país. Comparando con otras comunidades, Canarias lidera con una tasa de 54,07, seguida de Madrid y Murcia, que también superan la media nacional. Esta baja tasa de litigiosidad puede interpretarse como un indicativo de la efectividad de los mecanismos de resolución de conflictos en Euskadi, así como de la posible influencia de la normativa sobre los MASC.
El descenso en la litigiosidad, junto con el aumento en la resolución de casos, sugiere que los esfuerzos por fomentar la mediación y otros métodos alternativos de resolución de conflictos están comenzando a dar frutos. Sin embargo, el incremento en los asuntos pendientes plantea la necesidad de seguir mejorando la eficiencia del sistema judicial para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a una justicia rápida y efectiva.
En resumen, el segundo trimestre de 2025 ha sido un periodo de cambios significativos en el sistema judicial de Euskadi, con una notable disminución en los nuevos asuntos ingresados y un aumento en la resolución de casos. A medida que se implementan nuevas normativas y se fomentan métodos alternativos de resolución de conflictos, será crucial seguir monitoreando estas tendencias para asegurar un sistema judicial que responda adecuadamente a las necesidades de la población.