Un funcionario de la Conselleria de Vivienda en Alicante admitió haber intervenido indebidamente en la adjudicación de una vivienda pública del residencial Les Naus. Su pareja resultó beneficiaria entre las 140 viviendas de protección pública del barrio de La Condomina. El caso ha activado una investigación judicial y una revisión urgente de los protocolos de transparencia administrativa en la Comunidad Valenciana.
¿Qué ocurrió con la adjudicación de las viviendas de Les Naus?
El funcionario era el único responsable de todos los expedientes de la promoción. Al detectarse su vinculación con una adjudicataria, su superior le interrogó. Él respondió: “La he cagado, asumo las consecuencias”. Esa admisión fue clave para abrir la investigación.
La magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante inició los interrogatorios el 15 de abril de 2026. Además del funcionario, declararon la jefa del Servicio Territorial de Vivienda, Concepción Morillas, y el secretario adjunto Vicente Caturla.
¿Cómo afecta este caso a la gestión pública de vivienda?
La promoción Les Naus forma parte del plan de vivienda de protección oficial de la Generalitat. Su irregular adjudicación pone en duda la integridad de los mecanismos de sorteo público y valoración objetiva. El sistema depende de la imparcialidad de los técnicos. Cuando falla, se erosionan los derechos de miles de solicitantes en lista de espera.
Falta de controles cruzados
No existía una segunda revisión independiente de los expedientes. El funcionario actuó sin supervisión directa. Esto viola el principio de separación de funciones exigido por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Impacto en la confianza ciudadana
Más del 68 % de los valencianos consideran que la asignación de viviendas públicas carece de transparencia, según la Encuesta de Percepción de Corrupción 2025 (Conselleria de Transparencia).
¿Qué sanciones administrativas y penales son posibles?
El funcionario fue expedientado, pero se reincorporó el lunes anterior a la comparecencia judicial. Esa reincorporación sin resolución definitiva genera dudas sobre la efectividad del régimen disciplinario.
Marco legal aplicable
- Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: sanción por conflicto de interés (art. 69.1.e).
- Código Penal: posible delito de prevaricación administrativa (art. 404) si se acredita intención dolosa.
- Ley 19/2013, de Transparencia: obligación de publicar listas provisionales y definitivas con identificación de los adjudicatarios.
¿Qué medidas correctoras ha anunciado la Conselleria de Vivienda?
La Conselleria no ha publicado un plan de acción formal. Sin embargo, fuentes internas confirman que se está redactando una instrucción para exigir declaración de incompatibilidad obligatoria antes de cada adjudicación. También se evalúa la implantación de un sistema de validación cruzada por dos técnicos.
Datos Clave
- El residencial Les Naus tiene 140 viviendas de protección pública en Playa de San Juan (Alicante).
- El funcionario intervenido era el único responsable de todos los expedientes.
- Su pareja apareció como adjudicataria sin haber superado los criterios objetivos de puntuación.
- La Fiscalía Anticorrupción y dos partidos políticos (Cs y PSPV-PSOE) actúan como acusación popular.
- El caso se enmarca en una ola de denuncias sobre irregularidades en viviendas públicas en la Comunidad Valenciana desde 2024.
La tridimensionalidad del caso es clara: desde el punto de vista contextual, refleja una crisis de gobernanza en políticas de vivienda tras la escalada de precios. Desde el impacto económico, cada vivienda de protección pública representa una inversión pública de entre 120.000 y 180.000 euros; su mal uso implica un perjuicio directo al erario. Desde el marco práctico y legal, el caso evidencia la ausencia de mecanismos de control interno efectivos y la lentitud en la aplicación de sanciones disciplinarias. La credibilidad del sistema depende ahora de la rapidez y transparencia de la resolución judicial y de las reformas administrativas que sigan.
