Una joven brasileña de 21 años murió al ser lanzada al vacío sin sujeción durante una actividad de puenting en Brasil. El caso ha desatado una investigación judicial urgente. Tres operarios fueron enviados a prisión preventiva. No hubo protocolo de verificación de equipo. No existía una figura clara de responsable de seguridad. La víctima, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, falleció por impacto contra el suelo.
¿Qué causó la muerte de la joven en el puenting?
El fallo fue sistémico, no aislado. Los tres acusados admitieron haber sufrido un «apagón» operativo. No supieron identificar quién debía colocar la cuerda de seguridad, quién revisarla y quién dar la orden final de salto. Esa confusión no es excusa: es una violación directa de los protocolos mínimos de gestión de riesgo en deportes extremos.
La víctima aún tenía pulso al ser encontrada. Sus pupilas estaban dilatadas, señal inequívoca de daño neurológico grave. La enfermera Rayza Dias, que acudió al lugar, describió el escenario como caótico y sin coordinación médica previa.
¿Por qué los operarios están en prisión preventiva?
La resolución judicial destaca dos conductas graves: intento de fuga del lugar y cambio de ropa para evitar identificación. Estas acciones refuerzan la sospecha de conciencia de responsabilidad. Además, no existía una estructura empresarial formal. El operador usaba un nombre comercial, pero carecía de licencia, seguro de responsabilidad civil, y registro ante autoridades de turismo y deporte.
No se trató de un accidente impredecible. Fue una omisión deliberada de controles básicos. La falta de documentación legal impide cualquier reclamo de indemnización por parte de la familia.
¿Qué marco legal regula el puenting en Brasil y la UE?
En Brasil, el puenting está regulado por la Agencia Nacional de Turismo (Embratur) y las secretarías estatales de deporte. Exige certificación de instructores, inspección anual de equipos y registro obligatorio de empresas. En la Unión Europea, la norma EN 15567-2 establece requisitos técnicos para equipos y procedimientos. España exige autorización municipal y licencia de actividad para instalaciones de riesgo.
La ausencia de estos requisitos en el caso brasileño no es una excepción. Es un patrón recurrente en zonas turísticas con supervisión débil. El vacío regulatorio se convierte en riesgo letal.
Impacto económico del incidente
El sector de turismo de aventura en Brasil mueve más de 1.200 millones de dólares anuales. Un solo caso como este puede reducir la demanda en un 15 % en la región afectada. Las aseguradoras ya revisan sus pólizas para actividades extremas. Muchas excluyen cobertura si no hay certificación vigente.
Falta de trazabilidad en la cadena de responsabilidad
No había registro de mantenimiento del arnés. No existía un checklist firmado antes del salto. No hubo grabación del briefing previo. Todo esto viola el principio de trazabilidad operacional, exigido en normativas de seguridad laboral y turística.
Datos Clave
- La víctima tenía 21 años y trabajaba como instructora de gimnasio.
- Los acusados no tenían estructura empresarial ni licencia vigente.
- El fallo no fue técnico: fue humano y organizativo.
- La prisión preventiva se decretó por intento de ocultación y riesgo de fuga.
- No se cumplió con la norma EN 15567-2 ni con la regulación brasileña de Embratur.
- La familia no puede acceder a indemnización por ausencia de seguro y registro legal.
¿Qué implica este caso para el turismo de aventura global?
Este accidente no es un hecho aislado. Es un espejo de la precariedad en la regulación de actividades extremas. En 2025, la OMT registró un aumento del 22 % en denuncias por falta de control en operadores no registrados. La economía informal en turismo de aventura crece más rápido que la supervisión estatal.
La responsabilidad no recae solo en los operarios. También en las plataformas digitales que promocionan estas actividades sin verificar su legalidad. Y en los gobiernos locales que priorizan la captación turística sobre la seguridad.
El puenting no es un juego. Es una actividad técnica que exige certificación, documentación y supervisión continua. Cuando falla uno de esos pilares, el costo es humano, económico y legal.
