La ciudad de A Coruña se ha convertido en el primer municipio en intervenir los precios del alquiler en una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular (PP). Esta decisión se formalizó con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la declaración de la ciudad gallega como zona tensionada. Esta medida se suma a otras ya implementadas en localidades como San Sebastián y Galdakao en el País Vasco, así como en 21 municipios de Navarra, incluyendo Pamplona. Con esta nueva inclusión, el número total de localidades en España que han sido declaradas como zonas tensionadas asciende a 301, aunque la mayoría de ellas se concentran en Catalunya.
En Catalunya, 271 ciudades que albergan el 90% de la población han adoptado el control de alquileres, siguiendo un mandato del Govern de la Generalitat. La Consellería de Vivenda de la Xunta de Galicia había enviado en mayo al ayuntamiento de A Coruña, que está bajo la administración del PSOE, la autorización para declarar la ciudad como zona de mercado tensionado. Esta solicitud se había realizado el 4 de abril, y ahora, con la oficialización por parte del BOE, se podrán implementar las medidas correspondientes para regular los precios de los alquileres.
La ley de Vivienda, que cumple ya dos años, ha sido objeto de controversia en Galicia, donde el gobierno autonómico ha mostrado reticencias a su aplicación. A pesar de esto, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha celebrado la inclusión de A Coruña y otros municipios en la lista de zonas tensionadas, argumentando que la ley está funcionando en aquellos lugares donde se aplica. Rodríguez ha expresado su apoyo a la medida a través de redes sociales, destacando que, a pesar de las críticas y los intentos de derogación, la ley está dando resultados positivos.
La declaración de zona tensionada permite a los municipios intervenir en el mercado de alquileres bajo ciertas condiciones. Para que se aplique, es necesario que el coste medio del alquiler, junto con los gastos y suministros básicos, supere el 30% de la renta media de los hogares. Además, se considera la situación del mercado inmobiliario, donde el precio de compra o alquiler de la vivienda debe haber aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años previos a la declaración. Esta medida tiene una vigencia de hasta tres años, con la posibilidad de prórrogas anuales si la situación del mercado lo justifica.
Las rentas en las zonas tensionadas se actualizan anualmente, siguiendo los límites establecidos por la ley, que se basa en precios de referencia y un índice que se publica mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La aplicación de estas medidas varía dependiendo de si el propietario del inmueble es un gran tenedor, es decir, si posee cinco o más viviendas, en el caso de Catalunya. Las comunidades autónomas son las encargadas de solicitar la declaración al Gobierno central, lo que ha llevado a que hasta ahora ninguna comunidad gobernada por el PP haya implementado esta medida.
Catalunya fue pionera en la intervención del mercado de alquiler, y tras un año de aplicación del tope a las rentas, se han observado resultados significativos. Según los últimos datos oficiales, los alquileres han disminuido un 4,67% interanual en los contratos firmados entre enero y marzo de 2025. En términos concretos, esto se traduce en una reducción media de 40 euros al mes, pasando de 868,85 euros a 828,23 euros. Sin embargo, también se ha notado un aumento en los alquileres de temporada, un sector que el Govern de la Generalitat planea regular para evitar que algunos propietarios eludan la ley.
La situación del mercado de alquiler en España ha sido un tema candente en los últimos años, especialmente en las grandes ciudades donde la demanda supera con creces la oferta. Las medidas de control de alquileres buscan no solo proteger a los inquilinos, sino también estabilizar el mercado inmobiliario, que ha mostrado signos de tensión en diversas regiones. A medida que más municipios se suman a la declaración de zonas tensionadas, se espera que el debate sobre la regulación del alquiler continúe, generando opiniones divididas entre propietarios, inquilinos y autoridades locales.
La intervención en los precios del alquiler es un paso significativo hacia la regulación del mercado inmobiliario en España, y A Coruña ha abierto la puerta a un nuevo enfoque en la gestión de la vivienda. A medida que se implementen estas medidas, será crucial observar su impacto en la comunidad y en el mercado en general, así como las reacciones de los diferentes actores involucrados en esta problemática.
