La reciente investigación sobre Antxon Alonso, propietario de Servinabar, ha revelado su posible implicación en una compleja trama de corrupción relacionada con Forestalia, una empresa aragonesa dedicada a las energías renovables. Este caso ha captado la atención de las autoridades y de la opinión pública debido a las serias acusaciones que rodean a Alonso y su conexión con funcionarios del Ministerio de Transición Ecológica.
### El papel de Antxon Alonso en la trama de Forestalia
Antxon Alonso, conocido en el ámbito empresarial como el ‘guipuchi’, ha sido señalado como un actor clave en la presunta corrupción que involucra a Forestalia. Según las investigaciones, Alonso facilitó contactos entre Eugenio Domínguez, un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica, y Fernando Samper, el propietario de Forestalia. Domínguez, quien era subdirector de Evaluación Ambiental, ha declarado que recibió un mensaje de un intermediario que le decía que Alonso le había puesto en contacto con Samper, sugiriendo que había un acuerdo implícito para asegurar beneficios a cambio de favores.
La trama se complica aún más al considerar que Domínguez firmó la declaración de impacto ambiental (DIA) para el proyecto de Mina Muga, promovido por Geoalcali, en 2019. Este proyecto, en el que también participó Alonso, ha sido objeto de controversia debido a las conexiones entre los involucrados y la aparente influencia que tenían en el ministerio. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil menciona un mensaje de Alonso a Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Acciona Construcción, donde se destaca la importancia de la DIA para el proyecto minero. La frase «solos no llegan ni a la esquina» sugiere que había una red de apoyo y complicidad que facilitaba la obtención de permisos necesarios para operar.
Además, la relación de Alonso con Forestalia se remonta al menos a 2022, cuando se convirtió en administrador único de Next Generation Caliope Innova SL, una sociedad vinculada a Forestalia que tenía proyectos de parques fotovoltaicos sin la DIA necesaria. Seis meses después, Domínguez firmó la autorización ambiental, lo que ha llevado a sospechas sobre la legalidad de estos procedimientos y la posible corrupción en la obtención de permisos.
### Detenciones y registros en la operación del ‘caso SEPI’
La situación de Antxon Alonso se tornó más crítica en noviembre de 2025, cuando fue detenido en el marco de la operación del ‘caso SEPI’, que también involucró a otros personajes relevantes, como Vicente Fernández Guerrero, expresidente de Next Generation Caliope Innova, y Leire Díaz, exmilitante socialista. Durante esta operación, se realizaron registros en la sede de Forestalia, lo que sugiere que las autoridades están tomando en serio las acusaciones y están dispuestas a investigar a fondo las conexiones entre los implicados.
Los registros revelaron que Alonso estaba vinculado a un entramado empresarial más amplio, con participaciones en sociedades que dependían de Next Generation Caliope Innova. Estos vínculos han llevado a la sospecha de que Alonso pudo haber actuado como un testaferro para facilitar transacciones y movimientos de capital que evadían la supervisión legal. Los protocolos notariales encontrados en la caja fuerte de un notario madrileño, que incluían transmisiones de participaciones a personas cercanas a Domínguez, han añadido más peso a las acusaciones contra Alonso.
En 2023, Alonso también participó en el asesoramiento para un proyecto de línea de alta tensión de Forestalia, que tenía como objetivo conectar varios parques eólicos en Zaragoza con el País Vasco. Este proyecto, que obtuvo inicialmente la autorización del Ministerio de Transición Ecológica, fue posteriormente revocado debido a la oposición del Gobierno de Navarra, que presentó alegaciones en contra. La revocación del permiso ha puesto de manifiesto las tensiones entre las autoridades locales y las empresas energéticas, así como la necesidad de una mayor transparencia en la obtención de permisos ambientales.
La situación de Antxon Alonso es un claro ejemplo de cómo las conexiones entre el sector privado y los funcionarios públicos pueden dar lugar a situaciones de corrupción. La investigación en curso no solo busca esclarecer el papel de Alonso en esta trama, sino que también pone de relieve la importancia de la supervisión y la regulación en el sector de las energías renovables, un área que ha crecido exponencialmente en los últimos años y que es crucial para la transición energética del país.
A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles sobre la red de contactos y las prácticas que han permitido que estas irregularidades ocurran. La implicación de altos funcionarios y empresarios en este tipo de actividades pone en riesgo la confianza pública en las instituciones y en el sector de las energías renovables, que debería ser un modelo de sostenibilidad y ética empresarial.
La situación actual de Antxon Alonso y su posible condena en este caso podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el ámbito de las energías renovables. La sociedad civil y las organizaciones ambientales están atentas a los desarrollos de este caso, esperando que se tomen medidas efectivas para prevenir futuros abusos y garantizar que los proyectos de energía renovable se desarrollen de manera transparente y responsable.
