La reciente decisión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getxo de otorgar una licencia para el derribo de un palacete protegido del siglo XIX ha desatado una crisis política significativa en la localidad. La Ertzaintza, la policía autonómica del País Vasco, ha señalado a la Junta de Gobierno, compuesta por miembros del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y del Partido Socialista de Euskadi (PSE), como responsables de este acto ilegal, lo que ha llevado a la imputación de varios concejales y funcionarios municipales.
La situación comenzó a tomar forma cuando se reveló que la licencia para demoler el palacete, que iba a ser reemplazado por un complejo de 12 pisos de lujo, fue otorgada sin el respaldo de un informe jurídico que avalara la operación. Según la Ertzaintza, la Junta de Gobierno no tenía la autoridad para autorizar el derribo, ya que contravenía la Ley Vasca de Patrimonio, que protege inmuebles de valor histórico. Este hecho ha llevado a la imputación de tres concejales del PNV y tres funcionarias del área de Urbanismo, quienes se enfrentan a cargos de prevaricación y otros delitos relacionados con la protección del patrimonio.
La investigación ha revelado que el proceso de concesión de la licencia estaba viciado desde el principio. La empresa Biurban, que inicialmente propuso la obra, no cumplía con los requisitos necesarios para llevar a cabo la demolición del palacete, que estaba protegido tanto por la Ley de Patrimonio Cultural Vasco como por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Los agentes de la Ertzaintza han destacado que la aprobación de la licencia tuvo «efectos reales» en la demolición del edificio, lo que agrava la responsabilidad de los implicados.
### Imputaciones y Responsabilidades
Entre los imputados se encuentran dos concejales con altos cargos en el gobierno municipal, Ignacio Uriarte Gorostiaga e Irantzu Uriarte, quienes, según informes, adquirieron un piso en la zona por un valor de 571.000 euros más IVA. El tercer concejal imputado, Iñigo Urkitza, era el responsable del área de Disciplina Urbanística en el momento de los hechos. Además, tres técnicas municipales también están bajo investigación, incluyendo a la arquitecta que se encargó del expediente, quien, según los informes, omitió el valor patrimonial del palacete en sus evaluaciones.
La Ertzaintza ha enfatizado que la ausencia de un informe jurídico que respaldara la concesión de la licencia es un punto crítico en la investigación. Este informe, que debió ser elaborado por la jurista del departamento de Urbanismo, no fue incluido en el proceso, lo que, según los investigadores, debería haber llevado a la Junta de Gobierno a rechazar la solicitud de demolición. La falta de este documento es vista como una violación de la legislación estatal y autonómica, lo que pone en entredicho la legalidad de la decisión tomada por el Ayuntamiento.
La situación ha generado un gran revuelo en la comunidad, con ciudadanos y grupos de defensa del patrimonio exigiendo responsabilidad y transparencia en el manejo de este asunto. La imputación de los concejales ha llevado a una crisis de confianza en el gobierno local, y se han convocado reuniones de urgencia dentro de los partidos implicados para abordar la situación.
### Implicaciones Legales y Políticas
El caso ha tomado un giro aún más serio con la solicitud de la Ertzaintza de mantener el secreto del sumario, argumentando que existe una «gran preocupación» en el Ayuntamiento y un interés político en acceder a la documentación relacionada con el proceso. Esta solicitud fue atendida por la jueza instructora, quien ha decidido mantener el secreto del sumario por el momento, lo que ha generado aún más especulaciones sobre la gravedad de las acusaciones.
Los concejales imputados han dimitido de sus cargos tras la revelación de las imputaciones, lo que ha llevado a una reestructuración en la Junta de Gobierno. La situación ha puesto en evidencia la fragilidad de la coalición entre el PNV y el PSE en Getxo, y ha abierto un debate sobre la gestión del patrimonio cultural en la región.
Las consecuencias legales para los implicados son severas. El artículo 321 del Código Penal, que se refiere al derribo de edificios protegidos, establece penas de prisión de tres meses a seis años, además de inhabilitación de uno a cinco años. Por otro lado, el artículo 322, que aborda la prevaricación, puede conllevar penas de prisión de seis meses a dos años o multas significativas. La gravedad de los cargos y las posibles sanciones han llevado a una atmósfera de incertidumbre entre los funcionarios y políticos locales.
La comunidad de Getxo se encuentra en un momento crítico, donde la defensa del patrimonio cultural y la responsabilidad política se entrelazan. La situación actual no solo afecta a los implicados directamente, sino que también plantea preguntas sobre cómo se gestionan y protegen los bienes culturales en el municipio. La presión pública y la atención mediática sobre este caso podrían tener repercusiones a largo plazo en la política local y en la percepción de la gestión del patrimonio en toda la región del País Vasco.
