En un reciente fallo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Vitoria ha anulado siete de las 133 multas impuestas a Ernai, la organización juvenil vinculada a Sortu. Esta decisión no solo implica la anulación de las sanciones, que inicialmente sumaban un total de 290.500 euros, sino que también obliga al Gobierno Vasco a devolver el dinero recaudado por estas multas y a asumir los costos del proceso judicial. La sentencia ha sido recibida con satisfacción por los portavoces de Ernai, quienes han denunciado que estas sanciones eran parte de una estrategia para debilitar y deslegitimar a los movimientos sociales en la región.
La controversia se origina en las movilizaciones realizadas por Ernai en Vitoria y Bilbao, donde se exigía la excarcelación de Galder Barbado y Aitor Zelaia, condenados a cuatro años de prisión por un delito relacionado con armas. Las multas fueron impuestas en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana, y Ernai argumentó que estas sanciones eran desproporcionadas y reflejaban una persecución política. En este contexto, el tribunal ha considerado que, aunque existió una infracción administrativa por no haber comunicado las protestas, la severidad de las multas era injustificada.
### La Reacción de Ernai y el Contexto de las Multas
Los portavoces de Ernai han expresado su satisfacción con el fallo judicial, destacando que las protestas realizadas se enmarcan dentro de los derechos fundamentales de libertad de expresión y reunión. Según ellos, la respuesta del Gobierno Vasco a estas movilizaciones fue un ataque directo a los derechos civiles y políticos. La organización ha enfatizado que el tribunal ha reconocido la desproporcionalidad de las sanciones, señalando que la multa de 2.500 euros impuesta en Bilbao era excesiva y contraria al derecho a la protesta.
A pesar de la anulación de algunas multas, 104 militantes de Ernai aún enfrentan procesos judiciales relacionados con las mismas movilizaciones. Esto pone de manifiesto la tensión existente entre el Gobierno Vasco y los movimientos sociales, que han denunciado una creciente represión en el ejercicio de sus derechos. La situación se complica aún más por el contexto político en el que se desarrollan estas acciones, donde las juventudes de Sortu han sido objeto de un escrutinio constante por parte de las autoridades.
La decisión del juzgado de Vitoria también ha suscitado un debate más amplio sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana en el País Vasco. Muchos críticos argumentan que esta ley se utiliza como herramienta para silenciar a aquellos que se oponen a las políticas del Gobierno, especialmente en el caso de organizaciones que abogan por la autodeterminación y los derechos de los presos políticos.
### Implicaciones para el Futuro de los Movimientos Sociales
La anulación de estas multas podría tener un impacto significativo en la forma en que se llevan a cabo las movilizaciones en el futuro. Ernai ha manifestado que este fallo es un aliento para continuar luchando por sus derechos y por la libertad de expresión. La organización ha instado a otros grupos a no desanimarse ante la represión y a seguir utilizando la protesta como herramienta de reivindicación.
Además, la decisión del juzgado podría sentar un precedente importante en la jurisprudencia relacionada con la libertad de reunión y expresión en el País Vasco. Si bien el tribunal ha reconocido que hubo una infracción administrativa por parte de Ernai, también ha dejado claro que las sanciones impuestas no pueden ser desproporcionadas y deben respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por otro lado, el Gobierno Vasco se enfrenta a un dilema. Por un lado, debe cumplir con la sentencia y devolver el dinero de las multas anuladas, lo que podría ser visto como un reconocimiento de que sus acciones fueron excesivas. Por otro lado, la administración podría optar por apelar la decisión, lo que podría prolongar el conflicto y aumentar la tensión entre el Gobierno y los movimientos sociales.
En resumen, la reciente decisión del juzgado de Vitoria no solo afecta a Ernai y a sus militantes, sino que también plantea preguntas sobre el futuro de la protesta y la libertad de expresión en el País Vasco. A medida que los movimientos sociales continúan enfrentándose a la represión, el resultado de este caso podría influir en la forma en que se desarrollan las luchas por los derechos civiles en la región.
